POR Juan José Herrera | 11 de noviembre de 2021, 10:03 AM
Los usuarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que no sean atendidos en un año, en el caso de cirugías, o seis meses para las pruebas diagnósticas, podrán ir a la medicina privada y trasladar ese costo a la institución.
Así lo propone el candidato presidencial Rodolfo Piza en el plan de gobierno de su partido, Nuestro Pueblo, presentado semanas atrás ante el Tribunal Supremo de Elecciones.
“Si la CCSS no presta el servicio en ese tiempo, el paciente debe tener el derecho a acudir a la medicina privada a resolver su situación con cargo a la CCSS”, reza la propuesta.
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El plan de gobierno del candidato del partido Alianza Demócrata Cristiana también defiende una migración de empleados públicos al sector privado a cambio de beneficios económicos.
Piza defendió que la medida busca obligar a la institución de salud a cumplir con esos plazos razonables de atención más que hacerla incurrir en un gasto, un costo que además desconoce.
“Hay un plazo razonable y si se viola ese plazo razonable hay que resolverlo y no resolverlo solo pidiendo amparos, sino que el propio ciudadano lo pueda hacer y así obligar a la Caja a que de verdad maneje las listas de espera sin violar esos plazos.
“Cuando exista esa norma van a tratar de atenderlos en ese plazo, ahí sí van a ponerse las pilas para atender a la población, de manera que será solo para casos excepcionales”, dijo.
¿Es básicamente una amenaza, entonces?
Es una garantía ciudadana de que va a tener el servicio y, que si no es en la Caja, en algún lugar lo va a tener.
Piza precisó que los procedimientos se pagarían según el costo de la CCSS y no de la entidad privada, por lo que si existiera una diferencia tendría que asumirla el usuario.
“Los costos en la Caja son caros, entonces no veo que exista un mayor problema en ese sentido”, afirmó.
Más propuestas
En su plan de gobierno, el otrora candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana promueve también convertir el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) en una institución autónoma, y pasar de un modelo de gobierno presidencialista a uno semiparlamentarista.
¿Por qué hacer autónomo a un órgano tan cuestionado?
Precisamente porque hay que cambiarlo, poner una ley con muchas regulaciones para que no sigan jugando con plata de los costarricenses.
Pero, ¿hacerlo autónomo? ¿Darle los beneficios de ley de la autonomía?
La autonomía supone responsabilidad directa, es obligarlos a cumplir con la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Si se le va a dar fondos que asuma la responsabilidad, no se le puede dar potestades sin responsabilidad, que esté bajo la supervisión de la Contraloría y el MOPT como rector.
Pero así está dispuesto en la actualidad.
No sucede así porque en ese gallo gallina que se inventaron ni se cumplen los principios de autonomía y responsabilidad ni los de la rectoría.
El otro cambio apunta a darle un mayor control del trámite legislativo al Poder Ejecutivo, abriendo además a ambos poderes la posibilidad de un escrutinio más directo y real de la ciudadanía.
Piza aseguró que un cambio tan radical no requeriría de la creación de una asamblea constituyente, sino que bastaría con cambiar “cuatro o cinco artículos de la Constitución Política”.
“La mejor prueba es que así se planteó en 2001 y luego en la Junta de Notables (2009). No se requiere una constituyente, estos son principios que defendí en la campaña anterior, pero nadie puso atención.
“El modelo presidencialismo, como lo conocemos hoy, no permite la gobernabilidad cuando existen muchos partidos políticos en la Asamblea Legislativa, necesitamos lograr que el Presidente sea responsable ante el Parlamento y el Parlamento ante la sociedad”, dijo.
En esa línea, se permitiría la reelección inmediata y continua de los diputados por una única vez a partir de 2026 para dar posibilidad a la ciudadanía de evaluar a los legisladores, mientras que el Parlamento podría censurar al Presidente y sacarlo del poder vía referendo nacional.