La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, Uccaep, criticó ese miércoles a los gobiernos de Carlos Alvarado y Rodrigo Chaves por no informarles acerca del riesgo que tenía el país de ingresar a la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea.
Según los empresarios, ni la administración de Alvarado les informó sobre los compromisos adquiridos ni la de Chaves sobre el riesgo inminente de esa sanción, que amenaza la productividad y la economía costarricenses.
“De haber sido consultados anteriormente, el sector productivo empresarial hubiera podido dar apoyo técnico y soporte para ayudar a haber tratado de evitar estar en la situación en la que se encuentra hoy el país con la UE”, dijo la Uccaep en un amplio comunicado.
La Unión Europea incluyó a Costa Rica en esta lista de países no cooperantes por fallar al compromiso adoptado por la pasada administración de aprobar un proyecto de ley para eliminar la doble no imposición que hoy tiene el país, que permite que personas físicas y jurídicas no deban pagar impuestos por las ganancias (renta) que obtengan en el exterior cuando hacen inversiones pasivas.
La posición de la UE es que todas las rentas personales o empresariales obtenidas fuera de las fronteras de un país deben ser objeto de impuestos a nivel local para evitar generar una competencia desleal entre los distintos regímenes tributarios nacionales.
German Morales, director de Grant Thornton, considera que el Estado costarricense debe de apurarse y pedirle más tiempo a la UE para implementar un impuesto a rentas pasivas extraterritoriales.
La Uccaep cuestionó, sin embargo, que esa obligación de ninguna forma es una exigencia para aprobar una reforma que permita la renta mundial, posición ampliamente criticada por los empresarios y que tampoco respalda el gobierno de Chaves.
“La UE exige que todos los países del mundo adopten un sistema tributario que esté alineado a su visión (…) en particular ha determinado que se debe adoptar un sistema de renta territorial “ampliada” o “reforzada”, bajo el cual los países tienen dos opciones básicas: introducir un gravamen sobre las rentas empresariales pasivas del exterior, o bien, mantener la exoneración de las rentas empresariales pasivas del exterior, implementando una serie de requisitos de sustancia adecuados, entre otros.
“Dicho sistema de ‘renta territorial reforzada’, bajo el cual se podrían llegar a gravar ciertas rentas pasivas empresariales del exterior, es técnicamente distinto a un sistema de ‘renta mundial’, en el cual, se gravarían todas las rentas (tanto activas como pasivas) con base en un criterio de residencia fiscal y/o nacionalidad. Por ello, resulta necesario a todas luces hacer dicha aclaración y que cualquier potencial reforma se dirija a cumplir solo con el estándar particular requerido por la UE”, añadió la Uccaep.
Los empresarios también insistieron en que Costa Rica “no es ni remotamente un paraíso fiscal ni una jurisdicción de baja imposición”, sino que, por el contrario, somos unos de los países de la región con las cargas tributarias más altas.
“Nuestro sistema de renta territorial es un modelo apropiado para economías emergente que son importadoras netas de capital y requieren incentivar la inversión internacional y doméstica. Y lejos de necesitar más cargas tributarias, este país necesita reducir el costo fiscal de las empresas y empresarios que contribuyen y cumplen”, añadió.
La Uccaep aseguró que hasta el momento no conoce de ninguna propuesta que esté analizando el Gobierno para solucionar esta problemática, pero que esa discusión debe “analizarse y dimensionarse de forma adecuada, para no generar un mayor costo y complejidades que se traduzcan en una menor competencia del país y en una fuga de capitales en momento donde urge la reactivación económica”.
Añadió, además, que hasta ahora no ha sido partícipe de la discusión del proyecto de renta global que se presentará en marzo próximo, ni tampoco del alcance de los compromisos que el Gobierno ha dicho que ha asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en cuanto a dichas reformas tributarias.
“El sector empresarial reafirma su compromiso de colaborar para buscar una solución pronta y adecuada para lograr ser excluidos de la lista de la UE a la brevedad posible. Y considera necesario y oportuno el acercamiento y activación de todas las vías diplomáticas e institucionales con el fin de defender la soberanía del país y su sistema tributario”, finalizó.