Tres organizaciones sindicales coinciden en que la totalidad de los empleados del Poder Judicial debe ser excluidos de las leyes de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y Marco de Empleo Público.
Pese a que ven con buenos ojos la propuesta surgida para sacar al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de las regulaciones en materia salarial de esas legislaciones, entre los empleados del Poder Judicial existe una visión unificada en torno la necesidad de que se mejoren las condiciones del personal.
Así se desprende de consultas formuladas por Teletica.com a los sindicatos de Trabajadores del Poder Judicial (Sitrajud) y el de la Judicatura (Sindijud), así como a la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística y Afines (ANIC).
"Nuestra posición es que el Poder Judicial, como un todo por principio de separación de poderes e independencia judicial debe estar fuera de los alcances de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y de la Ley Marco de Empleo Público, debido a que existe normativa especial que le faculta a la Corte Plena tomar esa decisión y no han defendido esas facultades que la Constitución y la Ley otorgan", rescató el secretario general de la primera de las organizaciones, Jorge Cartín.
"Con respecto al proyecto de ley que pretende sacar a las personas trabajadoras de la policía, medicina legal y científicos forenses consideramos que es un primer paso en la dirección correcta y no vamos a tomar acciones para evitarlo, aunque como le indiqué somos de la tesis de que todo el Poder Judicial debe salir de los efectos de esas leyes", agregó.
En cambio, el secretario adjunto del Sindicato de la Judicatura, Juan Luis Jiménez, externó su apoyo a toda propuesta "que pretenda la reivindicación de los derechos laborales cercenados con la aprobación de leyes regresivas en materia de derechos económicos y sociales de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial".
A ello, aunó el apoyo a cualquier plan para que se "respeten y garanticen los derechos adquiridos" en materia de jubilaciones.
"Consideramos que la exclusión de las leyes Marco Empleo Público y Ley de las Finanzas Públicas, debe operar para toda la administración de justicia, incluyendo Judicatura, Fiscalía, Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial, y sector administrativo profesional y no profesional.
"Una enmienda en materia de ley de pensiones y jubilaciones también es urgente. Todo ello con el objeto de fortalecer la independencia del Poder Judicial y preservar el Estado Social de Derecho", dijo el dirigente.
Desde la posición más cercana a la Policía Judicial, el secretario general de la Asociación de Investigadores en Criminalística, Álvaro Rodríguez, externó su coincidencia con las otras organizaciones de trabajadores.
En esa línea, el líder sindical fue enfático en que la problemática relacionada con las remuneraciones no es una preocupación exclusiva de quienes integran el OIJ.
"La afectación que se da salarialmente es la misma que se da para todo el Poder Judicial. Es la misma con los salarios más altos.
"En el fondo, los que más me preocupa es que se vean golpeados los salarios de los jueces y que se vean atormentados por circunstancias que no estaban previstas y que el Estado les ha estado imponiendo, como subirles la Renta o los salarios de más de ¢2,6 millones a los que les metieron un bombazo con la contribución solidaria. Eso es muy peligroso", aseguró Rodríguez.
El proyecto para excluir a la Policía Judicial fue dado a conocer por su director general, Rándall Zúñiga, en una entrevista con este medio, celebrada el 21 de febrero anterior.
La misma plantea que las reformas introducidas por las leyes citadas, en el cálculo de los salarios de esos funcionarios, no apliquen al 85% del personal del Organismo de Investigación, como una medida para buscar frenar el "éxodo" de servidores de dicha institución.
Valga recordar que tras la promulgación de la primera de las leyes antes citadas, el 3 de diciembre de 2018, la Policía Judicial registra 238 renuncias de personal en propiedad y 75 interinos.
Estos representan el 37,3% de las dimisiones que reporta la Dirección de Gestión Humana de la Corte Suprema de Justicia desde entonces y hasta el 12 de enero anterior.
La iniciativa no fue bien recibida en el Gobierno de la República. Los ministerios de Hacienda, así como de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) se pronunciaron en contra de la iniciativa, a final de cuentas presentada por la diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), Kattia Cambronero.
Ante esa situación, los sindicatos antes mencionados, así como la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), lanzaron un pedido al Poder Ejecutivo para que no llene de mociones el texto a través de la fracción del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD) ni de un eventual veto del presidente de la República, Rodrigo Chaves.
"Haríamos el llamamiento al Poder Ejecutivo, especialmente, a que no se bloquee esta iniciativa para que la Policía Judicial pueda contar con los recursos necesarios para combatir, nada más y nada menos, que alta criminalidad y crimen organizado.
"Esto no se hace con el presupuesto que tiene actualmente. Más bien, ni siquiera los deja trabajar en condiciones de normalidad y menos asumir la situación tan altamente peligrosa que estamos viviendo en el país. Si queremos exigirle a la Policía Judicial buenos resultados, denle el presupuesto necesario para que pueda actuar a la altura de las necesidades", expuso la presidenta de la organización de jueces, Adriana Orocú.