POR Juan José Herrera | 2 de noviembre de 2023, 14:47 PM

El abogado especialista en datos personales, Mauricio París, aseguró este jueves que la solicitud y recolección de datos personales que realizó el Banco Central meses atrás es mucho peor que lo que intentó el gobierno de Carlos Alvarado con la fallida Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Lo hizo ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto, que precisamente analizan esa cuestionada solicitud que hoy se discute en sede constitucional.

“Si la UPAD fue una cachetada a la intimidad de los costarricenses, lo que el Banco Central está haciendo es un nocaut con fractura de mandíbula expuesta.

“En los últimos años, los poderes públicos están desbocados en su ansia de recolectar y tratar datos de los costarricenses; no es solo la UPAD, en las pruebas FARO sentaron a 30 mil niños a llenar datos sensibles en formularios, el mismo tratamiento de datos en la pandemia”, aseveró.

París fue más allá y aseguró que, desde su perspectiva, los datos que el Central solicitó sí deben ser catalogados como sensibles, pero que el Central se aprovechó de una interpretación equivocada de la Procuraduría que se basó en votos previos a la aprobación, en 2011, de la Ley de Protección de Datos.

“Los votos que la Procuraduría utiliza para fundamentar esta invención de la Sala Constitucional de dato privado de interés público, son votos previos a la aprobación en el año 2011 de la Ley de Protección de Datos.

“En este país la ley es la principal fuente de derecho, no la jurisprudencia. Cuando se aprobó la Ley de Protección de Datos se incluyó una definición de qué es dato sensible. En mi criterio, utilizar votos previos a que el legislador dijera qué es un dato sensible, claramente es partir de una premisa, cuando menos, desactualizada”, aseveró.

La ley de 2011 sí incluye los datos socioeconómicos de las personas como un dato sensible, pero hasta ahora el Banco Central ha insistido en que estos no lo son precisamente por tratarse de información personal para uso estadístico, amparado en esa resolución de la Procuraduría que indica que la información crediticia no es sensible.

“Son datos sensibles, absolutamente, porque son datos que claramente revelan la condición socioeconómica de una persona y la ley de protección de datos personales define datos sensibles también como la condición socioeconómica”, afirmó París.

Ronulfo Jiménez, asesor económico de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), también estuvo presente en la audiencia de este jueves y aseguró que será la Sala Constitucional la que deberá resolver las consultas planteadas y aclarar ese punto.

Sin embargo, sí adelantó que la justificación del Central de recabar esa información para construir estadística relativa al riesgo hidrológico no es válida, porque esa información puede ser obtenida con datos anonimizados.

“El Banco Central no necesita conocer la identidad de los depositantes o deudores para combatir la inflación, los objetivos del Central son de orden macro, eso incluye inflación, empleo, estabilidad del sistema financiero. Pegar bases de datos, unas con otras mediante cédula de identidad, es cierto que puede generar más información, pero eso no es indispensable para que el Central pueda realizar su política monetaria.

“Hay diferentes mecanismos para medir riesgos hidrológicos, calcular tasas de interés o indicadores de endeudamiento, que no pasan por revelar la identidad de los usuarios del sistema financiero, eso debe quedar claro”, afirmó.

Repase aquí la comparecencia completa: