El polémico decreto que creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) consiguió este viernes lo que no pudieron la trocha en la administración de Laura Chinchilla y el cementazo en la de Luis Guillermo Solís: allanar Casa Presidencial.
El último episodio del escándalo fue la intervención activa del Ministerio Público en la casa grande de Zapote, Mideplan y las viviendas de los funcionarios detrás de esa unidad que fue ideada, el menos en el papel, para crear política pública a partir del análisis de datos.
Dos recursos de amparo, una acción de inconstitucionalidad, investigaciones del Ministerio Público y la Defensoría, la interpelación de un ministro y la creación de una comisión legislativa especial son parte de la estela de los peores siete días que ha tenido la joven administración Alvarado Quesada, el resultado de una crisis que, contrario a la norma, se pensó y creó en Casa Presidencial.
La torpeza política de la que hablaron el propio Alvarado y el ministro de la Presidencia Víctor Morales Mora a principios de esta semana es el mejor reflejo de lo evitable que era este aprieto que ahora ahoga al Gobierno.
Ministerio Público informó que las diligencias de este viernes se desarrollan como parte de la investigación por presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato
El decreto presidencial presentó algo que podía ser un buen proyecto y se convirtió en malo bajo la estela del secretismo y de una formulación ingenua de acceso irrestricto e innecesario de información: El Gobierno, solo, bajo los brazos e invitó a los golpes.
“Para mí el tema no da para tanto, es una torpeza política porque la intención no parece por ningún lado ser crear una agencia de espionaje, pero ellos no midieron el tamaño del Frankenstein que estaban creando.
“Aquí hay un tema de histeria de varios sectores y la intención política de otros de aprovechar la auto zancadilla que se hizo el Gobierno”, aseguró el analista de política pública, Juan Carlos Hidalgo.
Pero más allá de las justificaciones que pueda tener su origen, sus consecuencias sí son muy reales, y todavía más serias.
Confianza a la baja
La UPAD consiguió golpear al Gobierno como no lo hicieron temas mucho más serios y trascendentales como la reforma fiscal o la ley de huelgas; materias que, aunque impopulares, encontraron siempre apoyo en algunos sectores.
La UPAD, en su presentación original, resultó indefendible.
“Mina la confianza, toca temas que son altamente sensibles para los valores democráticos y más allá de cuál fuera la motivación, ha habido una cadena de errores que retrata de cuerpo entero las debilidades de esta Administración y le resta un capital político que estaba en extinción.
“La maniobrabilidad de la actual Administración, a menos de la mitad de su mandato, es ya bastante limitada”, añadió el también analista Sergio Araya.
El empuje de la oposición en el tema y los allanamientos de hoy atacan precisamente ese capital político en extinción y alimentan la creencia cada vez más generalizada de que detrás de la UPAD hubo malas intenciones, sin que esto sea necesariamente cierto.
“Que el Ministerio Público junto con la Sala Tercera hayan encontrado razones suficientes para allanar Casa Presidencial ya la hacen la peor crisis, esto es lo que más daño hace a la credibilidad de Carlos Alvarado y su Gobierno, más incluso que la reforma fiscal.
“Les va a costar muchísimo reconstruir la confianza más allá de esperar los órganos judiciales y políticos concluyan su trabajo”, añadió el politólogo Alejandro Barahona.
Los tres analistas también coinciden en algo: el principal responsable del escándalo UPAD es también su principal víctima: Carlos Alvarado.