Sectores arremeten contra proyecto para ampliar vida útil de autobuses

Movimientos de personas con discapacidad y choferes de autobús arremetieron esta mañana contra el expediente legislativo 22.530, que defiende la ampliación de la vida útil de la flotilla de buses del país.

La propuesta, que goza de un amplio respaldo en el Congreso, pretende aumentar a 20 años la vigencia de todas las unidades como respuesta al golpe que tuvo el sector tras la pandemia del COVID-19.

Sin embargo, sus detractores aseguran que el pobre mantenimiento que reciben la mayoría de los autobuses en el país no justifica esa ampliación y que además se estarían afectando los derechos de las personas con discapacidad, para quienes se siguen incumpliendo las obligaciones resguardadas en la Ley 7600.

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“Se ha querido privilegiar al sector autobusero en este tema. El proyecto no fue consultado a la población con discapacidad y además representa un retroceso en materia de derechos humanos, porque la ley es clara en que el plazo es improrrogable y querer hacerlo es inconstitucional”, aseveró Nicole Mesén, coordinadora del Movimiento de Discapacidad y además regidora de la Municipalidad de Goicoechea.

Según Mesén, llevarán el tema hasta la Sala IV como consulta o acción de inconstitucionalidad, pero esperan que el proyecto no se apruebe en el Plenario.

Al mismo tiempo, grupos de choferes se manifestaron esta mañana en las afueras del Congreso para apoyar la iniciativa y criticar el bloqueo que el Partido Frente Amplio ha hecho contra la iniciativa.

La principal razón es que, sin esa ampliación, se estima que unas 300 mil rutas del país dejarían de operar por falta de unidades.

“Si han dejado que lleguen las rutas a este punto es por inacción, porque han tenido 26 años para cambiar las flotillas, esto no es de ahorita, entonces la situación de que salgan rutas es un tema de inacción”, sentenció Mesén.

Esta tarde la Comisión de Asuntos Económicos volverá a sesionar para tratar de devolver al Plenario la iniciativa.