Sala Constitucional no encontró vicios en proyecto de empleo público

La Sala Constitucional no encontró vicios de ni de fondo ni de procedimiento en el proyecto de reforma al empleo público.

En una resolución hecha pública hoy, los magistrados aclararon que dos de las tres consultas presentadas al expediente legislativo fueron declaradas inevacuables, entre esas la que llevó hasta ese órgano la Corte Suprema de Justicia.

El presidente del tribunal, Fernando Castillo, explicó que la única de las consultas facultativas que fue admitida para revisión fue la que encabezaron los diputados José María Villalta (Frente Amplio), Pedro Muñoz (PUSC) y Paola Vega (independiente).

En esa consulta, los firmantes alegaban que la comisión de Consultas de Constitucionalidad, a cargo de corregir los vicios originalmente señalados por los magistrados, no solo no cumplieron con ese cometido, sino que además agregaron nuevos roces constitucionales. 

Entre otros, los legisladores defendían que se había violado la Constitución por legislar sobre materia electoral a pesar de encontrarse en los meses próximos a la campaña electoral y que la comisión se extralimitó en sus funciones al extender las exclusiones previstas en el proyecto a la Asamblea Legislativa, pese a que nunca se consultó sobre esta.

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Sobre esa consulta, sin embargo, los magistrados resolvieron por mayoría que el proyecto no incide de forma sustancial en las funciones asignadas constitucionalmente al Tribunal Supremo de Elecciones, ni tampoco "versa manifiestamente sobre materias electorales", por lo que son inaplicables las restricciones establecidas en el artículo 97 de la Constitución Política.

De igual forma, descartaron que haya habido una infracción al principio de publicidad respecto al trámite de mociones o que se lesionarán los derechos de enmienda y participación democrática. 

Las magistradas Anamari Garro y Ana María Picado fueron las únicas de los siete integrantes del tribunal que sí defendieron la presencia de vicios de inconstitucionalidad, por ejemplo en cuanto a la independencia de poderes, que era precisamente el alegato que hacía la Corte Suprema de Justicia en su consulta.

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Con esta resolución los diputados deberán esperar ahora el traslado oficial del mismo al Congreso para poder votar el proyecto en segundo y definitivo debate. 

De aprobarse esta sería la primera iniciativa de las prometidas al Fondo Monetario Internacional en convertirse en ley y además el eje central de esa negociación desde el punto de vista legislativo.

El proyecto busca emparejas las reglas laborales en todo el aparato estatal mediante la definición de familiares salariales y la creación de un salario único para todos los empleados públicos.

Además, define estrategias unificadas de contratación y evaluación del desempeño bajo la sombrilla única del Ministerio de Planificación, excepto para excepciones como el Poder Judicial, universidades públicas, municipalidades o la CCSS.