Reforma al empleo público irá a consulta de constitucionalidad

Menos de una hora después de ser votado en primer debate, 15 diputados de diferentes fracciones enviaron a consulta a la Sala Constitucional el proyecto de reforma al empleo público.

La consulta, redactada desde el despacho del frenteamplista José María Villalta, reúne también las firmas de los oficialistas Paola Vega, Welmer Ramos, Mario Castillo y Luis Ramón Carranza, los liberacionistas Daniel Ulate, Karine Niño y Franggi Nicolás, las socialcristianas Aracelly Salas y Shirley Díaz, las independientes Zoila Rosa Volio e Ivonne Acuña, Wálter Muñoz y Patricia Villegas (PIN) y Floria Segreda (Restauración Nacional).

En su amplia consulta, los firmantes señalan una larga lista de posibles violaciones al ordenamiento, principalmente faltan a la independencia del Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones o la autonomía de las universidades públicas, la Caja Costarricense de Seguro Social y las municipalidades.

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De igual forma señalan como inconstitucional la objeción de conciencia que incluye el texto aprobado y las limitaciones a las negociaciones de convenciones colectivas.

También apuntan que la aplicación del salario global es inconstitucional y que además hubo vicios de procedimiento, específicamente al derecho de enmienda al declarar inadmisibles tres mociones de reiteración de la diputada Paola Vega.

La Sala tendrá al menos un mes para analizar y dar trámite a la consulta, posteriormente deberá emitir un fallo que dará pie o no a la discusión y votación en segundo debate.

Si los vicios que eventualmente señale son subsanables, los diputados podrán enviar el proyecto a la comisión dictaminadora o a la comisión de consultas de constitucionalidad para su enmienda y luego ser discutido y votado.

Si los vicios fueran insalvables el proyecto podría ser archivado.

En caso de llegar a la segunda votación, la iniciativa debe sumar al menos 38 votos a favor para convertirse en ley.