El director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga, advirtió la amenaza que existe de que el “narcoterrorismo” se instale en el país ante el debilitamiento de las capacidades del OIJ.
Lo hizo en medio de la acalorada defensa que él y el organismo mantienen por la aprobación de la reforma que pretende sacar al 85% de esa institución de las restricciones salariales que trajeron la reforma fiscal y la Ley de Empleo Público.
“Ahora la lucha es entre grupos criminales porque el grupo rival le estorba al grupo dominante, en el momento en que ya no le estorbe, ¿quién va a seguir?
“En el momento en el que este país se mate a un fiscal, a un juez de la República, a un jefe policial, a un director de la policía, a un diputado o a un ministro, cualquier persona que ocupa un cargo importante dentro del Gobierno, ahí entraremos en Costa Rica desgraciadamente en una nueva era, en el narcoterrorismo, porque se va a utilizar el terror de matar a funcionarios públicos para obtener las ganancias o lo que quieren los grupos criminales y OIJ no quiere eso, este director tiene la convicción de no llegar a este punto”, aseveró.
Zúñiga insistió en que, de continuar esas restricciones, el éxodo de profesionales del organismo se mantendrá, amenazando así la operatividad de ese cuerpo policial especializado.
Si eso sucede, añadió, podría pasar que se detengan servicios esenciales como el de autopsias.
El jerarca cuestionó que en cinco años que tiene de estar en vigencia la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el Estado se ahorró ₡1.500 millones por no trasladarle al OIJ la totalidad del impuesto a las personas jurídicas (sociedades anónimas).
“¿Cuánto se ahorró por la restricción de la regla fiscal en no trasladarnos los dineros decomisados al narcotráfico también? Pero la discusión en realidad es cuándo perdió el estado costarricense en ese mismo tiempo en vidas, en gastos por no habernos dado ese dinero, esa debería ser la discusión de fondo”, aseveró.
Zúñiga incluso cuestionó el aumento que sí recibieron los ministros durante la presidencia de Rodrigo Chaves, argumentando que la defensa del mandatario fue exactamente la misma que hace el OIJ: retener a personal especializado.