POR Juan José Herrera | 23 de septiembre de 2024, 16:02 PM

El expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Álvaro Ramos, advirtió al presidente Rodrigo Chaves que apurar la discusión para la tercerización de servicios y adjudicación de Ebáis podría traer conflictos legales.

Lo hizo, según recuerda, en setiembre de 2022, cuando el mandatario le consultó cómo podría impulsar la participación del sector privado en la labor de la institución.

“Yo le dije: ‘Vea, hay que esperar como tres años para hacer esto bien, porque el modelo de costos de la Caja hay que actualizarlo y eso es un proceso muy largo y le expliqué que, si se apura esto, si usted lo intenta acelerar, muy probablemente van a ocurrir conflictos legales, porque va a ser muy fácil para las diversas instancias de la Caja presentar modelos de costos conflictivos’.

“Es más, me acuerdo de que una parte de la conversación giró específicamente alrededor de las operaciones de catarata que tenían las diferentes instancias de la Caja y que, dependiendo de qué modelo se usara, tenía diferente valor cada cirugía”, explicó Ramos.

El exjerarca aseguró que esa respuesta “disgustó mucho” al Presidente, quien aseguró, según Ramos, que ese plazo era excesivo.

“Era demasiado tiempo para él, él sintió que se podía hacer más rápido y yo le dije no se puede hacer más rápido, porque en el momento en que se haga más rápido la probabilidad de conflictos legales empieza a subir mucho. En cambio, le dije, si usted me permite a mí poner en orden el tema financiero y contable la Caja y que queden todos los puntos sobre las íes va a ser mucho más fácil proponer contratos tercerizables”, recordó.

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Ramos explicó que su Junta Directiva nunca revisó formalmente ese contrato (para la adjudicación de Ebáis), pero que él sí solicitó opiniones porque se trataba de un tema “álgido” en la institución, y del que sabía había muchos criterios encontrados.

Lo que más le llamó la atención, según recuerda, es que el contrato adversado en aquel momento finalmente quedó muy parecido al vigente, pese a que en ese momento ya se señalaban posibles sobreprecios.

“Para mí, más allá del contrato, había un tema de gobernanza, de todo lo que antecede a ese contrato, de ignorar los criterios de las unidades técnicas y conseguir que una señora, doña María de los Ángeles Gutiérrez, fuera la única que terminó aportando un criterio a favor y que fue con eso se firmó.

“De mi Junta Directiva quitaron a todos menos a doña Martha Rodríguez (representante sindical), parece haber sido un esfuerzo muy evidente y directo de quitar a un grupo que se hubiera opuesto a esto”, añadió.

Ramos insiste en que él, como jerarca, nunca sintió una presión del Ejecutivo sobre ese contrato en específico, pero sí un deseo “muy claro” de tercerizar procesos.

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“No era que había una presión alrededor de ese contrato específico, pero sí había un deseo muy claro del Poder Ejecutivo de mover la Caja hacia la tercerización, y yo nunca me he opuesto ni a la tercerización ni a la participación privada en la provisión de servicios públicos, pero sí le dije (a Chaves) hay que hacerlo con demasiado cuidado, porque si no uno puede incurrir en pagar sobreprecios y eso es justamente el punto en discusión”, añadió.

Por todo esto, dice, no le sorprendió el anuncio de esta investigación ni tampoco sus eventuales alcances.

“Yo supuse que este tema iba a tener cola legal por lo que había trascendido en los medios: que una sola persona había firmado el documento técnico que sustentaba la decisión es algo muy inusual en la Caja, porque siempre los documentos vienen con sustento de múltiples instancias técnicas y sobre todo un contrato tan grande como este, aún más cuando ya venía siendo controversial desde antes.

“O sea, este no es un contrato que salió de la nada, que es misterioso y que nadie sabía de él, no, no, este es un contrato que ha sido una discusión casi que hasta de filosofía, que ve hacia el futuro, entonces el haberse decantado este tipo de decisiones con tan poco fundamento jurídico, pues sí me imaginaba que iba a traer consecuencias, obviamente allanamientos y detenciones era difícil adivinarlo, pero consecuencias legales yo lo tenía muy claro”, finalizó.