El presidente Rodrigo Chaves anunció el miércoles, en conferencia de prensa, la decisión del Consejo de Gobierno de suspender y denunciar penalmente a cinco miembros de la actual junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, así como a su expresidente, Álvaro Ramos.
El acuerdo se justificó, según el mandatario, en la ilegalidad del acuerdo tomado semanas atrás para el aumento salarial en esa institución y el presunto conflicto de intereses de algunos de los directivos por ese punto y el del salario mínimo inembargable a los trabajadores de la Caja.
Además, porque se nombró como gerente administrativo al exdirector jurídico, quien, dijo Chaves, no cumplía con los requisitos de ley para ese cargo.
Pero, ¿puede el Consejo de Gobierno tomar esa decisión?
La Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social establece en su artículo 8 que los miembros de la junta directiva desempeñarán sus funciones “con absoluta independencia del Poder Ejecutivo y serán, por lo mismo, los únicos responsables de su gestión”.
Añade que “serán inamovibles durante el período de su cometido, salvo que llegue a declararse en su contra alguna responsabilidad legal o que caigan dentro de las previsiones de los artículos 7 y 9”, que son relativos a requisitos de ley o, por ejemplo, ausencias injustificadas a sus labores.
Eso, en criterio de expertos en derecho público, deja claro que la decisión del Consejo de Gobierno es, a todas luces, ilegal.
“La Ley Constitutiva es clara y dispone expresamente que los miembros de la junta directiva son nombrados por un periodo de cuatro años y son inamovibles, eso quiere decir que no queda a la libre lógica del señor Presidente o del Consejo de Gobierno la decisión de quitarlos, ellos tienen una garantía de inamovilidad.
“El Poder Ejecutivo no solo se extralimita, sino que incurrió en una ilegalidad, en mi opinión incluso el acto es arbitrario y puede perfectamente originar un recurso de amparo o como que los afectados pidan medidas cautelares, en ambos casos se ordenaría la restitución inmediata”, dijo el abogado Juan Carlos Castro.
Idéntica posición defiende Enrique López, director de litigio y especialista en derecho público de la firma Bakertilly Costa Rica.
“Hay que tener claro que la CCSS proviene directamente de la Constitución Política y para ella existen protecciones especiales, precisamente para evitar intromisiones del Poder Ejecutivo en su quehacer.
“La ley habla de esa inamovilidad de los miembros de la junta directiva y que actúan con completa independencia del Poder Ejecutivo y eso nos puede hacer concluir, creo yo, que sí hay un exceso de poder de parte del Consejo de Gobierno al tomar esa decisión”, dijo López.
El experto añadió que las acusaciones presentadas por Chaves y la actual presidenta de la Caja, Marta Esquivel, son además “laxas” al no tratarse de una decisión tomada o una investigación completa que evidencie los hechos denunciados.
“Es una decisión ilegal y que podría impugnarse, y creo que podría haber un caso fuerte en contra de esa decisión”, finalizó.
Hasta ahora, el Ejecutivo no ha dicho quiénes son los miembros señalados y la Fiscalía no ha recibido la denuncia sobre el caso.