Política
Nueva República propone crear registro sobre delincuentes sexuales
El proyecto de ley busca evitar que una persona sentenciada por delitos de esta índole pueda ocultar esa información ante cualquier entidad.
El proyecto de Nueva República, que crearía un registro público de sentenciados por delitos sexuales, trata de personas o turismo sexual, también le impediría a estas personas tener redes sociales.
La iniciativa, impulsada por la diputada Gloria Navas, prohibiría a estas personas el uso de redes sociales durante 15 años luego de cumplidas sus sentencias; y limitaría, por idéntico plazo, el uso de internet exclusivamente a trabajo y estudio, todo esto previa autorización de la Dirección Nacional de Adaptación Social.
Además, obligaría a todos los ofensores sexuales a mantener un registro actualizado ante las autoridades de información personal como domicilio, número de teléfono, lugar de trabajo y salidas del país, por hasta 50 años luego de cumplidas sus penas.
Todo esto, según Navas, apunta a evitar que estas personas se acerquen a menores de edad; pues, asegura, se presume que podrían reincidir.
"A través de los temas electrónicos y digitales se propaga mucho la pornografía con menores, entonces el tema de estar conectado, por experiencia judicial, hay muchos menores que son contactados a través de las redes, ese es el fundamento principal", aseveró.
La legisladora reconoció que estas restricciones son complicadas de ejecutar, pero confía en que la parte técnica logre idear una forma de hacerlo.
"Es un tema delicado y es un esfuerzo a nivel legislativo para evitar este tipo de delitos y proteger a los menores de edad, también creo que es importante que estas personas sepan que a través de la ley habría sanciones fuertes", añadió.
Con el tema de la actualización de datos, Navas aseguró que la cifra de 50 años busca hacer un "parangón" con las penas máximas de Costa Rica, pero acepta que todo esto se podría modificarse vía mociones en el trámite legislativo.
Sin embargo, también reconoce que ambas restricciones podrían rozar la Constitución, al imponer nuevas sanciones a personas que ya habrían cumplido sus condenas.
"Es perfectamente plausible (un roce constitucional), por eso le digo que el tema tendrá que pasar por el colador de la comisión y desde luego habrá consultas a jueces y demás, de tal manera que sí puede haber algunos roces, pero lo importante es crear y mantener ese registro para la protección de los menores de edad", finalizó.
¿Qué es?
La idea del registro, según la justificación del proyecto, es dotar al país y sus autoridades de un instrumento que facilite la identificación y localización, por parte del Estado y el sector privado, a personas con antecedentes de delitos sexuales, trata de personas y turismo sexual.
Para ese fin, el registro podrá acceder a información judicial costarricense, pero además ampliarse con la Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de la Organización International de Policía Criminal (Interpol) o de otros registros de delincuentes sexuales que operen en otros países.
Del otro lado, además del Poder Judicial, podrían acceder a este registro el Patronato Nacional de la Infancia; el Sistema de Emergencias del 911; las municipalidades del país; el Instituto Costarricense de Turismo, todos los cuerpos policiales y las instituciones públicas y privadas de educación y salud, todas previa solicitud ante el Registro Judicial.
Ese registro aportaría información detallada de personas con sentencias en firme por cualquiera de esos delitos, incluido nombre, domicilio, altura, peso, señas características y hasta descripción de los vehículos que posea.
Para mantener el registro actualizado, las personas en este deberán reportar cualquier cambio en sus datos de manera anual, caso contrario se expondrían a una pena de prisión de entre seis meses y dos años.
Para financiar su creación y mantenimiento, se autorizaría al Estado, instituciones autónomas, semi autónomas y al propio PANI, a destinar partidas económicas, materiales y personal para el fortalecimiento del registro.
Además, el Poder Judicial podrá realizar convenios y contratos nacionales e internacionales para recibir donaciones o realizar empréstitos.