La deuda del Ministerio de Hacienda con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en las transferencias por concepto del impuesto a los productos de tabaco despertó indignación en la Asamblea Legislativa.
Esta situación llevó al diputado Jonathan Acuña a plantear una reforma que busca obligar a la cartera a trasladar la totalidad del monto que le corresponde a la institución administradora de los servicios médicos del país, sin poder echar mano de la excepción que prevé la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en el artículo 15 de su capítulo III.
Dicha figura es la que Hacienda ha utilizado en los últimos seis años para transferir solo una parte del 55% que pertenece a la Caja por mandato de la Ley General de Control del Tabaco.
La reforma fiscal de 2018 establece que la cartera podrá presupuestar y girar los destinos específicos legales según la disponibilidad de los ingresos corrientes, niveles de ejecución y superávit, siempre que la deuda del Gobierno supere el 50% del producto interno bruto (PIB) nominal.
El plan del congresista del Partido Frente Amplio (PFA) es cerrar dicha posibilidad, a través de una modificación del ordinal 29 de la Ley General de Control de Tabaco, para que establezca:
"En el caso de los recursos destinados a la Caja de Seguro Social en el inciso a) de este artículo, los mismos deberán presupuestarse y girarse en su totalidad a los destinos dispuestos en este artículo, y no les serán aplicables los artículos 15, 23 y 25 de la Ley N.º. 9635".
Así, Hacienda ha dejado de transferir más de ¢46.000 millones en esos 6 años, según Acuña.
Sin embargo, la deuda es todavía mayor, en el tanto que la cartera no ha transferido ni un solo colón de lo que le corresponde a la entidad que vela por la seguridad social, por concepto de la Ley de Regulación de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), sistemas similares sin nicotina (SSSN) y dispositivos electrónicos que utilizan tabaco calentado y tecnologías similares; que contempla los cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros. Sobre ese particular, también se propone una reforma para que Hacienda deba hacer los giros correspondientes.
"Esto es muy grave porque termina debilitando las capacidades del sistema de salud para atender a la gente y para tener programas preventivos en materia de tabaquismo. La atención de enfermedades asociadas al consumo de tabaco le cuesta a la Caja más de ¢300.000 millones anuales y el Gobierno de la República, teniendo recursos que ya recauda, no está enviando la totalidad de recursos que corresponde", explicó el parlamentario.
Acosta señaló a Teletica.com el 19 de noviembre anterior que la Caja de Seguro Social debe aportar ante la situación fiscal que atraviesa el país, tal y como lo han hecho otras instituciones.
Desde esa institución, su gerente financiero, Gustavo Picado, dio a conocer tan solo un día antes que se valora la posibilidad de iniciar un cobro judicial contra la cartera, dado el perjuicio que ha provocado la disminución en esa transferencia, pues esos recursos se utilizan para la atención de pacientes con cáncer, el financiamiento de programas preventivos y la compra de equipos.