En los primeros nueve meses de este 2022, las seis operadoras de pensiones del país registraron rendimientos negativos en sus inversiones del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
La mayor fue reportada por Popular Pensiones, la más grande de las seis y a la que automáticamente están afiliados todos los trabajadores del país, excepto cuando expresamente elijan otra opción.
Esta última registró una caída de ₡443.132 millones en sus rendimientos, según datos presentados este martes por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN). Esa variación representa un -11%, que aun así es menor que otras como las de Vida Plena (-13%) o BAC Pensiones (-18%), solo que estas tienen portafolios más pequeños.
Escenarios idénticos se ven en inversiones de operadoras de todo el mundo.
¿Por qué?
Los dineros del ROP están invertidos en diferentes bonos o acciones cuyo objetivo es, en todos los casos, el mismo: generar rentabilidad para los cotizantes.
En Costa Rica, ese joven régimen acumula alrededor de ₡9 billones, de los cuales 62% están invertidos en el sector público, 8% en el privado local y 30% en mercados internacionales.
Todas esas inversiones, tanto a nivel local como internacional, están reportando rendimientos negativos, o lo que técnicamente se conoce como minusvalías.
La superintendente de pensiones, Rocío Aguilar, afirmó que esto es la consecuencia de una “crisis de crisis”, que desencadenó la pandemia del COVID-19 y que tiene su explicación en las tasas de interés.
“La máxima en los rendimientos es que cuando las tasas de interés suben la rentabilidad baja y cuando las tasas bajan la rentabilidad sube, eso explica los rendimientos al alza del 2021 y a la baja en este 2022”, dijo.
Durante la pandemia, los bancos centrales del mundo (que dictan las políticas monetarias de las naciones) redujeron al máximo las tasas de interés en busca de asegurar la liquidez de los mercados.
En Costa Rica, por ejemplo, la Tasa de Política Monetaria alcanzó el histórico de 0,75% en 2020 y se mantuvo invariable hasta diciembre de 2021.
Sin embargo, el acelerado crecimiento pospandemia y la crisis de contenedores empezaron a disparar los índices de inflación en todo el mundo y los bancos se vieron obligados a subir las tasas de interés para contener el apresurado crecimiento en el costo de la vida. Así, la Tasa de Política Monetaria hoy es de 8,50%, casi 800 puntos más que hace menos de un año.
Si a esto se le suma la crisis geopolítica que desató el conflicto armado en Ucrania y la presión que esta ejerce sobre materias primas como el gas y el petróleo, es entendible que la incertidumbre de los mercados está golpeando a las inversiones de todo el orbe, incluidas las pensiones.
¿Hay responsables?
Para la SUPEN, no. Rocío Aguilar no solo eximió de responsabilidades a las operadoras y a la superintendencia, sino que además llamó a la calma a los cotizantes, asegurando que estas variantes no son ni nuevas ni tampoco irreversibles.
Ante los diputados, la superintendente aseveró que era imposible para cualquier operadora o inversionista prever un escenario tan complejo como el actual y que, hasta ahora, la SUPEN no ha detectado ninguna inversión fuera de los niveles aceptables de riesgo o con un evidente dolo.
Más importante, Aguilar defendió que todas esas minusvalías reportadas no se han traducido en pérdidas, y que esto solo sucederá si esas inversiones se liquidan en este preciso momento.
Los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público no están convencidos de este escenario, y exigen a la SUPEN pruebas de que sus controles fueron efectivos y que, en caso contrario, asuma o siente las responsabilidades del caso.
Para Aguilar, “es imposible” que los rendimientos actuales no se reviertan, aunque precisó que esto podría tardar años.
Mientras eso sucede, la Superintendencia hace un llamado a la calma y analiza posibles decisiones para atenuar esas minusvalías, entre ellas implementar, a partir de 2024, los llamados “fondos generacionales”, que permitirían que los recursos de los cotizantes más jóvenes se inviertan en fondos más volátiles, pero con mejores rendimientos, mientras que los de personas mayores estén en otros más estables y de menor riesgo.
Aguilar invitó a los diputados a discutir otras posibilidades, como por ejemplo el desarrollo de seguros de volatilidad que den seguridad a los cotizantes; o bien, invertir en educación económica para que las personas puedan entender y asimilar mejor estos escenarios.