Política
Congreso aprueba vía para perseguir los llamados “capitales emergentes”
El proyecto, votado en primer debate, se aprobó en medio de nuevas críticas a la cuestionada propuesta.
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PLP manda a Sala IV proyecto contra capitales emergentes
La fracción liberal insiste en que, en su redacción actual, la iniciativa atenta contra la presunción de inocencia y el derecho a la propiedad privada.
POR Juan José Herrera | 3 de septiembre de 2024, 17:54 PM
La fracción legislativa del Partido Liberal Progresista (PLP) envió a consulta de constitucionalidad el expediente 22.834, que propone una vía más expedita para la persecución del enriquecimiento ilícito o los llamados “capitales emergentes”.
La bancada liberal, que defiende está a favor de la propuesta, pero no bajo su redacción actual, asegura que el proyecto atenta contra la presunción de inocencia y el derecho a la propiedad privada.
“La reforma permitiría al Ministerio Público solicitar medidas cautelares anticipadas, como el secuestro de bienes, sin necesidad de una denuncia formal y sin la presentación de pruebas suficientes.
“Esta disposición socava el principio de presunción de inocencia, un pilar fundamental del Estado de derecho, al invertir la carga de la prueba en perjuicio del ciudadano, quien se vería obligado a demostrar el origen lícito de sus bienes sin que el acusador deba presentar evidencia contundente de su culpabilidad”, dijo la fracción en un comunicado.
El proyecto, que se votó el martes pasado en primer debate y tenía previsto recibir el segundo hoy, busca precisamente agilizar la forma en que las autoridades judiciales combaten los incrementos patrimoniales sin causa lícita aparente, de manera que puedan intervenir sin alertar previamente a los sospechosos.
Ese incremento, en la redacción actual, no tiene un monto mínimo.
Para el PLP, además, el proyecto impone “plazos irrazonables” para la defensa de los ciudadanos, pues da tres días para responder a las medidas cautelares.
“Se pone en riesgo la capacidad del acusado de presentar una defensa adecuada, lo que va en contra de los principios de proporcionalidad y razonabilidad que deben regir cualquier proceso judicial en un Estado democrático.
“Por último, se cuestiona la vulneración del derecho constitucional a la propiedad privada, al permitir que el Estado se apropie provisionalmente de bienes y productos financieros sin pruebas concluyentes de su ilicitud y sin garantías claras sobre la conservación de estos bienes durante el proceso, se amenaza con dejar a los ciudadanos en un estado de indefensión frente a una posible arbitrariedad del poder estatal”, sentenció la bancada.
Ahora la Sala Constitucional deberá analizar la solicitud; si la acoge, tendrá un mes para ofrecer una resolución.