El Plenario Legislativo discutirá el próximo lunes 8 de julio los informes finales que arrojó la comisión especial que investigó los contratos del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).
El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, confirmó que la discusión iniciará hasta las 3 p. m. y acabará con la votación final, para lo cual se tendrá como plazo máximo las 7 p. m.
Los diputados tendrán, en esas cuatro horas, que analizar los tres informes que arrojó el órgano: uno de mayoría que respaldan el Partido Liberación Nacional, Frente Amplio, Liberal Progresista y la Unidad Social Cristiana; uno firmado por el oficialismo y otro más de Nueva República.
El de mayoría, que por lógica simple es el que agrupa la mayor cantidad de votos, tiene entre sus recomendaciones pedirle al Ministerio Público que investigue al “comité editorial” de Casa Presidencial el presunto delito de tráfico de influencias.
Esa recomendación incluye, entre otros, al presidente Rodrigo Chaves, la diputada Pilar Cisneros y los ministros Natalia Díaz y Jorge Rodríguez, de Presidencia y Comunicación, respectivamente.
“Amenaza”
Este lunes, la oficialista Ada Acuña advirtió que, si se aprueba ese informe, valoraría volver a acudir a la Sala Constitucional para recurrir el informe, pues la comisión nunca llamó a comparecer al presidente Chaves para conocer su versión de los hechos.
Por ese mismo motivo, Acuña presentó y ganó un recurso contra la recomendación de inhabilitar del ejercicio de cargos públicos a Chaves, incluida en el informe aprobado por la comisión de financiamiento de partidos.
“Me parece que es una amenaza a la discusión final del informe y que, a pesar de la resolución, un informe no puede detenerse por un punto de 30, a pesar de que doña Ada lo pueda llevar a la Sala Constitucional, es un informe muy grueso, con muchas recomendaciones y no lo podemos detener porque ella va a recurrir.
“Doña Ada está en todo su derecho de poder acudir a la Sala, qué dicha que existe ese recurso y que justamente el gobierno que tanto ha atacado a la Sala Constitucional, calificándola con todo tipo de etiquetas para desprestigiarla, qué dicha que hace uso de la Sala para hacer velar por los derechos de los ciudadanos”, aseveró el frenteamplista Ariel Robles.
La liberacionista Dinorah Barquero, también parte de ambas comisiones, fue más allá y calificó el recurso presentado y la posibilidad de un segundo como “artilugios legales para borrar la verdad”.
“(Ada Acuña) Está repitiendo la misma historia y el mismo argumento siendo miembro del órgano, si la diputada consideraba que era importante escucharlo (a Chaves) hubiera presentado la moción, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no presentó la moción? A mí me quedó claro lo que ocurrió. Que se usen artilugios legales para borrar una verdad, no serían más que patrañas legales, como dice el señor, para darle nubosidad a un hecho demostrado.
“Borrar el nombre no quiere decir que se borran los hechos, los hechos ocurrieron y quedaron demostrados. Ahora habrá que esperar la investigación del Ministerio Público”, sentenció Barquero.