¿Mucho o poco? Lo que hizo el pasado Congreso en favor de los derechos LGBTIQA+

Los pasados diputados legislaron muy poco en materia de derechos LGBTIQA+, con escasas iniciativas que afectaban a la comunidad y aún menos si se refiere a propuestas directas.

Sin embargo, ese limitado esfuerzo en cantidad sí fue sustantivo en calidad.

La anterior Asamblea Legislativa estuvo marcada por la entrada en vigencia del matrimonio igualitario en 2020, una lucha condicionada a su vez por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que limitó la voluntad de los diputados en una discusión compleja.

Con la decisión tomada, el sector más conservador del pasado Congreso planteó posibilidades para crear categorías diferentes en esa unión entre personas del mismo sexo y sortear así el término “matrimonio”.

“Todos los años estuvieron mediados principalmente por la entrada en vigencia del matrimonio igualitario, entonces la lucha nuestra era garantizar, y así se hizo, que pudiera entrar en vigencia como tenía que ser y contener todas las iniciativas, que fueron muchas, que intentaban evitarlo a toda costa”, dijo Enrique Sánchez, exdiputado del PAC y presidente de la Comisión de Derechos Humanos.

Desde ese órgano surgieron la mayoría de las iniciativas que se plantearon o al menos discutieron para la comunidad diversa.

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Por ejemplo, el Congreso aprobó dos reformas al Código Penal: una para combatir los crímenes de odio y tipificar delitos motivados por razones de orientación sexual, y otra para incluir la identidad de género y la orientación sexual como consideraciones para discriminar a otros.

Antes, los diputados ya habían celebrado la aprobación de una reforma sustantiva a la Ley General del VIH, para actualizarla, fortalecerla y mejorar las estrategias de promoción y prevención de esa enfermedad en el país.

“El VIH surge bajo el estigma de ser una enfermedad de hombres gay, nunca tuvo un enfoque de género y eso provocó que las mujeres fueran unas de las poblaciones con mayor prevalencia de contagio. Esa reforma nos permitió ahondar en temas de prevención y educación, en lugar de limitarnos a solo la labor paliativa que hasta ese momento se hacía”, añadió Sánchez.

También se lograron frenar varias iniciativas en torno a la aplicación de la llamada objeción de consciencia, una posibilidad que finalmente sí fue incluida dentro de la reforma al empleo público para el tema de capacitaciones.

Durante la discusión de esa ley, legisladores como José María Villalta o Paola Vega subrayaron el portillo que esa posibilidad abría al permitir que un funcionario público no se capacitara en temas como la atención de la comunidad LGBTIQA+ alegando principios morales o religiosos.

Intervención del exdiputado José María Villalta sobre la objeción de consciencia incluida en la reforma al empleo público.

Esas discusiones evidenciaron también los roces que el ala más progresista del pasado Congreso tuvo con la más conservadora, dos frentes muy marcados en el pasado cuatrienio por la presencia de bancadas como el Partido de Acción Ciudadana (PAC), Restauración Nacional o el bloque Nueva República.

“Cualquier tema va a tener dos caras, esa es la realidad de nuestro país, para unos era buena y para otros mala, el apoyo a un proyecto de ley depende del proponente y su equipo, pero hay temas que no son bien vistos por todos los diputados.

“Nosotros teníamos, por ejemplo, al grupo de Nueva República o Restauración Nacional, en Liberación Nacional hay pensamientos también muy diversos, entonces es muy difícil en esos temas mantener una posición unánime y entonces terminábamos por dejar esos temas a criterio de cada uno”, dijo el exdiputado liberacionista Jorge Fonseca.

Esa falta de consenso evitó, por ejemplo, discusiones importantes en temas de identidad de género o la longeva propuesta de un marco regulatorio contra la discriminación, que acabó archivada por vencimiento de su plazo.

En nada

Otro ejemplo de iniciativas que no caminaron es el expediente 20.970, que impulsó el propio José María Villalta y que buscaba prohibir y sancionar las llamadas “terapias de conversión” o cualquier práctica dirigida a revertir o modificar la orientación sexual de las personas LGBTIQA+.

El proyecto fue dictaminado en la Comisión de Derechos Humanos, pero nunca llegó al Plenario.

“Eso lo dictaminamos pero después fue bloqueado de todas las formas posibles para no permitir que se votara en el Plenario”, lamentó Enrique Sánchez

El exlegislador y otro grupo de exdiputados llevaron adelante, junto a la comunidad trans, otra reforma legal para que se eliminara el sexo registral, es decir, la identidad con la que una persona aparece en el registro civil, una posibilidad a la que hasta ahora se ha negado el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

“De la misma forma quisimos cambiar una resolución del TSE para las personas menores de edad que quieran iniciar el procedimiento de reconocimiento de su identidad o la transición de esta, pero que ahora mismo tienen que contar con el aval de sus padres o personas responsables cuando está demostrado que muchas veces es en esos círculos donde inicia el rechazo o los obstáculos para conseguirlo”, finalizó Sánchez.

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