MOPT ignoró advertencia de Lanamme sobre calidad del asfalto en Garantías Sociales

Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes ignoraron las advertencias que el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) realizó sobre la calidad del asfalto utilizado en el nuevo paso a desnivel de las Garantías Sociales en Zapote.

La obra, a cargo de la constructora MECO y ahora investigada en el caso “Cochinilla, fue construida según Lanamme con una calidad de material inferior a la contratada, pero igual se pagó en su totalidad.

“El tipo de asfalto presentó incumplimiento, se contrató PG-76 pero se colocó PG-70, eso es algo contractual, pero se les pagó por un producto más caro que el que colocaron”, explicó el director del laboratorio, Alejandro Navas.

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Navas compareció ante los diputados de la recién creada comisión especial que investigará el escándalo de corrupción en obra pública y que se concentró en esta primera sesión en entender qué sucede con la función fiscalizadora que tiene Lanamme.

Navas aseguró que, al no ser vinculantes sus criterios, las observaciones que realizan rara vez son atendidas.

En el caso del proyecto de las Garantías Sociales, afirmó que la única respuesta que recibieron fue un descargo de parte de las empresas verificadora (ITP) y supervisora (Cacisa) de las obras.

En el expediente judicial de la investigación se señala que trabajadores de MECO pagaron dádivas para encubrir esos problemas y que incluso se le pagó a un funcionario suspendido de Lanamme para desvirtuar el criterio del laboratorio.

Eso permitió el pago de $17.6 millones a MECO tal cual estableció el contrato.

Carencias

En su extensa comparecencia ante los diputados Alejandro Navas añadió que en ese proyecto de las Garantías Sociales también se detectaron otros hallazgos graves que provocarán que los daños a nivel de asfalto aparezcan “en unos 5 o 6 años”, es decir, a mitad de vida esperada para esa capa asfáltica.

Dijo, además, que es muy común que las empresas supervisoras y verificadoras sean las mismas en la mayoría de proyectos y estas solo roten sus funciones, lo que permite un esquema cuestionable de control.

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También denunció que hay un “conflicto de intereses evidente” en el hecho de que a una empresa constructora se le permita hacer las labores de conservación de sus propias obras, pues existe la posibilidad de realizar problemas adrede para garantizar que también se les pague por esos trabajos de reparación.

El director aseguró que, pese a todo esto, al no ser vinculantes los criterios de Lanamme es muy habitual que sus observaciones sean ignoradas por las autoridades.

Durante la legislatura anterior se había discutido e incluso votado en primer debate un proyecto de ley para cambiar esto, pero la iniciativa se archivó tras una consulta de constitucionalidad.