Matrimonio igualitario: el elefante en la Asamblea Legislativa

El matrimonio igualitario se convirtió en el elefante en la habitación para los diputados de la Asamblea Legislativa: todos sabían que ahí estaba, pero decidieron ignorarlo.

Si bien la discusión de proyectos complejos y de gran envergadura como la reforma fiscal y de huelgas o la agenda OCDE coparon el quehacer legislativo, no alcanzan para justificar la ausencia de esa discusión en 18 meses que les ofreció la Sala Constitucional para legislar.

Ellos mismos lo reconocen: la posibilidad de un consenso en una Asamblea que enfrenta a dos bloques tan opuestos sobre el tema era una tarea imposible.

Así, el miedo a polarizar el Plenario y frenar el avance de las diferentes agendas en una Asamblea Legislativa activa como la actual, llevó a los diputados a apostarle al reloj para zanjar el tema.

“Todo el mundo sabe que ahí está, que hay que atender el mandato de la Sala, pero por las características de esa discusión, la polarización que tiene y los efectos negativos que podía generar en la agenda legislativa, la inacción que podría traer, nos hicimos los locos”, aseguró la verdiblanca Yorleni León.

“Basta con mirar a la Asamblea y ver cómo está conformada para saber que había varios riesgos en traer esa discusión a la mesa. En lugar de ser más efectivos en llegar a ese destino que está claro ya, esa discusión podía entorpecer no solo esa posibilidad, sino distraernos de otras cosas que también había que legislar y que se ha hecho.

“Yo creo que este Plenario ha caminado en esa materia dando pasos pequeños pero efectivos. Ya ahora se habla de cónyuges y no hombre y mujer y eso se ha hecho a conciencia. No fue posible hablar de ese fallo y era evidente que no iba a ser posible, pero sí fue posible que en esta legislación se aprobara el divorcio a voluntad y fuese redactado de manera tal que funcione también para esa nueva realidad que viene”, dijo a su vez la oficialista Laura Guido.

Imposible

La conformación del Plenario actual, con un bloque conservador que incluye a 14 legisladores de fracciones evangélicas, complicaba la mecánica para encontrar puntos de consenso en torno a este tema en particular.

Si bien tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la decisión de la Sala Constitucional la entrada en vigencia del matrimonio igualitario era una decisión tomada, el mandato era crear el marco regulatorio para esas uniones en la normativa costarricense.

Esa regulación, para algunos diputados como la propia Guido, era innecesario en el entendido de que no debería haber ninguna diferencia entre una unión civil heterosexual y una homosexual.

Esa posición, sin embargo, no es compartida por el bloque opositor.

“Una de las preocupaciones nuestras es no lesionar jurídicamente y en su amplitud la institución del matrimonio, la constitución de la familia que es fundamento de la sociedad. 

"El asunto de que se modifique esto tiene que tener alguna repercusión en los derechos que puedan tener todos los demás, la protección debe ser al vínculo heterosexual y es ahí donde creemos que no debemos lesionar esos derechos, donde el mismo Código de Familia establece que matrimonio es entre hombre y mujer, entonces sí cabe legislar y proponer legislación para la protección del vínculo”, afirmó a Carlos Avendaño, diputado de Restauración Nacional y uno de los abanderados en la oposición del tema.

Su fracción impulsó una moción de orden que pretendía aplazar hasta por 18 meses más la entrada en vigencia de ese fallo constitucional.

La defensa de los 24 diputados firmantes era, precisamente, que la Asamblea Legislativa no tuvo tiempo de debatir sobre esta materia y que la Sala Constitucional no debería atribuirse funciones que son del Plenario.

Esa posición, sin embargo, fue ampliamente rechazada por expertos en derecho y acabó siendo rechazada por 33 legisladores contra los 20 que la apoyaron.

Demostró, además, que ese miedo a la polarización no era en vano: en dos semanas, la Asamblea Legislativa actual vivió algunos de sus episodios más bochornosos con la agresión física de un diputado a un asesor legislativo que ofendió a los firmantes de esa moción, así como una posterior sesión donde imperó el desorden y abundaron los gritos entre diputados.