El Ministerio de Hacienda restó importancia al informe de la Dirección de Fiscalización de Tributación que concluyó, desde octubre anterior, que no existió ningún fraude fiscal en el caso vinculado al empresario Leonel Baruch.
En un comunicado de prensa enviado la noche de este miércoles, la cartera de Nogui Acosta compartió a los medios “una aclaración necesaria” sobre las publicaciones de prensa que divulgaron la existencia de ese informe del que ni el jerarca ni la institución informaron.
“En virtud de su traslado al Ministerio Público y en atención al procedimiento vigente, mediante documento del 26 de octubre de 2022, la Dirección de Fiscalización emitió un informe de cierre en vía administrativa de la denuncia recibida. La emisión de este informe no significa, de modo alguno, la conclusión de las actuaciones judiciales sobre los actos denunciados”, señala el comunicado de Hacienda.
La entidad aceptó que, el 5 de agosto anterior, la Dirección de Fiscalización de la Dirección General de Tributación recibió una denuncia anónima en la que se expusieron “presuntas irregularidades” cometidas por la empresa Beta Matrix S.A., propiedad de Baruch.
“Esta denuncia fue sometida a un proceso de análisis, como resultado del cual, se determinó la obligación de la Administración de trasladar el caso al Ministerio Público”, dice la cartera, que omite mencionar los resultados de ese análisis, en donde se aclara que, con las pruebas aportadas, no es posible determinar delito alguno.
“Lo que estamos viendo a la luz de las pruebas presentadas son simple y llanamente operaciones comerciales, las cuales son en tesis de principio legítimas según el derecho comercial y por un principio de buena fe se tendría que entender que están actuando legítimamente”, cita el informe que recomienda el archivo de la causa.
Hacienda insiste en que ese informe de fiscalización “no desmiente al señor ministro” y que esos documentos no pueden asimilarse al informe técnico que sustenta la denuncia penal presentada por el ministerio en enero pasado.
La cartera, una vez más, aseveró que no puede referirse a aspectos específicos del caso por tratarse de un tema ya judicializado.
El caso
El 19 de enero anterior, el ministro Nogui Acosta y el director de Tributación, Mario Ramos, presentaron al país un “megacaso” de fraude fiscal por ₡11 mil millones que involucraba al exministro Leonel Baruch y varias de sus empresas.
Esa supuesta defraudación, calificada como “histórica” por las autoridades tributarias, planteaba un esquema delictivo que involucraba al Banco BCT, una financiera “hermana” de este en Panamá y un holding (tenedora de acciones) en ese mismo país.
Según explicó Ramos, el BCT trasladó $65 millones a la empresa holding y esta, a su vez, los movió a la financiera panameña, la cual finalmente realizó un préstamo por el mismo monto al BCT, utilizando como garantía la empresa holding.
Esa "triangulación", según las autoridades, creó escudos fiscales para evitar el pago de renta y, además, impidió el cobro del 15% de dividendos que, por ley, debió haber pagado en Costa Rica.
Ese mismo día, el Ministerio Público confirmó que se había solicitado la desestimación del caso días antes ante la falta de pruebas, lo que provocó airadas reacciones del Poder Ejecutivo y el presidente Rodrigo Chaves, pese a que ambos conocían de previo esa solicitud.
Chaves apuntó contra la fiscala a cargo de esa solicitud, pero luego se determinó que actuó a derecho pues, por las características de la legislación panameña al momento de los hechos, era imposible pedir el traslado de pruebas.
La Procuraduría, que intervino en el caso por solicitud expresa de Chaves, pidió al Ministerio Público mantener vivo el caso en sede judicial, donde se encuentra actualmente.