El Ministerio de Hacienda propuso hoy ante los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos gravar el salario escolar como una cédula, es decir, por separado del resto de ingresos de los trabajadores.
La medida, según defendieron el ministro Elian Villegas y el director de Tributación, Carlos Vargas, permitiría que aquellas personas que están cerca del límite legal imponible propuesto en el proyecto de renta global no vayan a superar ese margen por culpa de ese pago adicional.
La propuesta de Hacienda, incluida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es que se elimine la exoneración que hoy tiene el salario escolar del pago del impuesto de la renta y que, entonces, empiece a pagar el 15%.
Sin embargo, la iniciativa de renta global dual provocaría que ese salario adicional que se paga todos los eneros al sector público incremente los ingresos totales de los trabajadores, empujando a algunos por encima del mínimo no imponible establecido en el proyecto, que asciende a ₡8.2 millones por año.
Así, la idea de Hacienda es que esos impuestos se paguen por separado de manera que no se cree una afectación que no busca el ministerio.
El proyecto, incluido en el expediente 22.369, incluye además otros rubros como la eliminación de exoneraciones, el traslado de dividendos de las empresas públicas, el impuesto a repatriación de capitales y el de casas de lujo.
Entre todos, según Hacienda, se busca un .34% del PIB por año, unos ₡120 mil millones anuales.
Esos recursos se destinarían a la atención de la difícil situación fiscal del país.
Villegas explicó que, por ejemplo, la reforma gravaría los excedentes de las cooperativas pero sobre los beneficios de los ahorrantes, por ejemplo con los depósitos a plazo y otros.
“Se gravan los excedentes, no son los recursos de las cooperativas y por lo tanto no vislumbramos una afectación por ahí, el impacto que podría haber sobre los usuarios o ahorrantes pues uno esperaría que tampoco exista, porque lo que estamos haciendo es equiparar las reglas de las cooperativas con las del resto de intermediarios financieros, como por ejemplo los bancos”, dijo el ministro.
También defendió por qué no se le consultó a las empresas públicas sobre su anuncia o no de trasladar sus dividendos a Hacienda.
“No lo consideramos necesario porque habíamos revisado los estados financieros y sabíamos cuáles tenían disponibilidad y cuáles no. Lo que uno espera es que una empresa que no tenga disponibilidad ahorita la tenga en cuatro años, el Estado no puede tener empresas que estén eternamente perdiendo”, finalizó el jerarca, quien deberá regresar a la comisión pues sobre estas iniciativas persisten las dudas.