POR Juan José Herrera | 24 de septiembre de 2024, 17:53 PM

El Gobierno de Rodrigo Chaves pasó de querer premiar económicamente a las personas que denunciaran casos de corrupción a atacar a las instituciones que los investigan.

Así lo denunció, este martes, la diputada frenteamplista Sofía Guillén, quien recordó a la fracción oficialista la promesa de campaña que Chaves lanzó cuando competía por llegar a Zapote.

“Ustedes eran los que en campaña dijeron que iban a premiar a los que denunciaran la corrupción, pues la corrupción de otros, porque cuando es la de ustedes ya no les gusta y hablan de intimidación”, Sofía Guillén.

Sus palabras llegaron luego de que el oficialismo cuestionó, una vez más, el papel del Ministerio Público en medio de la investigación que realiza en la Caja Costarricense de Seguro Social, proceso que suma 28 allanamientos y ocho detenidos, entre ellos la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel.

“Tirar cortinas de humo es el objetivo del fiscal general. No están persiguiendo a los delincuentes, ni a las cabecillas del narco, ni a los blanqueadores de capital. Este señor le dio vuelta a la tortilla del lado equivocado.

“Deje de intimidar a quienes vienen trabajando, ayer usted le dio un banderazo a la campaña electoral tratando de ayudar a partidos políticos que se encuentran acabados”, afirmó el oficialista Alexánder Barrantes.

Sus palabras fueron secundadas por Pilar Cisneros, quien también repitió parte de los argumentos con los que la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, cuestionó la labor del Ministerio Público en el caso.

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Diferente

Ese discurso del Ejecutivo y su fracción, como bien señaló Guillén, dista mucho de aquella promesa de Chaves que nunca se materializó.

El mandatario anunció en noviembre de 2022, cuando presentó la propuesta de ley, la importancia de premiar a las personas que denunciaban actos de corrupción en esa intención última de proteger los bienes del Estado.

“Este es un abono más a esa deuda histórica, es una ley que, había dicho, es importante para el país y que va a proteger todavía más a las personas que denuncian actos de corrupción y va a premiar a las personas que habiendo denunciado esos actos le permitan al Estado evitar un robo a la población o recuperar recursos ya robados”, dijo Chaves en aquella oportunidad.

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La iniciativa también incluye protección para testigos y denunciantes en procesos penales.

Esa propuesta, sin embargo, fue calificada como “hartamente deficitaria” por la Procuraduría General, que cuestionó la ambigua de su redacción en ejes medulares como los criterios para el pago de una recompensa económica y la explicación de cómo se iban a financiar esos premios.

Ante esas quejas, la comisión que analizó el texto presentó un texto sustitutivo que excluyó la remuneración económica y se concentró, nada más, en la protección de los testigos ante represalias de índole laboral.

Ese texto finalmente se votó y se convirtió en ley de la República.