El Gobierno de la República denunció un supuesto abuso de poder del Ministerio Público por las detenciones y los allanamientos que ordenó la mañana de este lunes en el caso policialmente conocido como Barrenador.
La reacción del Poder Ejecutivo llega poco más de ocho horas después de que inició el operativo en 28 puntos del país, que resultó en la detención de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, así como los otros dos representantes estatales en la Junta Directiva de la institución administradora de los hospitales públicos del país.
"El pueblo, la democracia y el Gobierno no debemos tolerar abusos de poder de parte de ninguna institución pública, en este caso de la Fiscalía General. Las acciones de la Fiscalía son absurdas desde cualquier punto de vista legal y moral", afirmó la ministra de la Presidencia, Laura Fernández.
La jerarca calificó de "show" que el operativo dirigido por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), al tiempo que reclamó que a los imputados no se les citara para rendir declaración indagatoria y que, en su lugar, se les detuviera "mediáticamente".
A su vez, la titular hizo ver que uno de los delitos que se investiga en el caso, es el de prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley) y que, en el caso en cuestión, la adjudicación de los 138 equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis) y 10 áreas de salud ni siquiera se encuentran en firme.
Esto por cuanto la Contraloría General de la República (CGR) mantiene bajo estudio lo acordado por la Caja. Hasta la fecha, ningún tribunal ha resuelto la ilegalidad de las actuaciones de la cúpula de la institución administradora de los hospitales públicos.
Añadió que, hasta la fecha, la entidad que vela por la seguridad social no ha desembolsado ni un cinco por el contrato suscrito con Coopesana, Coopesalud, Coopesaín, Coopesiba y Asemeco.
De hecho, Fernández subrayó que la Caja ni siquiera ha podido estimar los costos que representaría para sí el proveer el servicio, en lugar de tercerizarlo.
"¿Por qué la Fiscalía se movió tan rápido, con una base tan débil haciendo uso de un sensacionalismo innecesario?", cuestionó Fernández.
Bajo esa línea, criticó que el Ministerio Público no haya actuado de la misma forma frente a denuncias que ha efectuado el Ejecutivo, como por ejemplo, el relacionado con el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), así como otros a los que el presidente Rodrigo Chaves ha hecho reiteradas referencias, como el seguido contra la exdefensora de los Habitantes, Ofelia Tailtebaum, el de Aldesa o de los estados financieros de la propia Caja de Seguro Social.
"Esto no huele nada bien. A todas luces es un abuso de poder. Lo interpretamos como una amenaza clara de la Fiscalía al Gobierno. Son mensajes que interpretamos así: 'Vea, Gobierno, deje de cuestionarnos porque nosotros en la Fiscalía tenemos el músculo de cómo intimidarlos, como en el caso de doña Marta'.
"Eso es muy peligroso. Nosotros como sociedad debemos evitar que la Fiscalía haga uso de su fuerza para paralizar al Gobierno a través de un hostigamiento ilegítimo. El Gobierno no va a aflojar. Esperamos que el pueblo esté alerta y vigilante, porque estamos ante una amenaza sin precedentes en la historia de nuestro país", mencionó la jerarca.
Por el caso Barrenador, la Fiscalía mantiene a ocho personas aprehendidas, a la espera de que sean debidamente indagados; es decir, puestos en conocimiento sobre los hechos por los que se les investiga y de la prueba que se tiene en su contra.
La pesquisa se inició a partir de una denuncia presentada por la Auditoría Interna de la propia institución, que Telenoticias dio a conocer el 22 de julio anterior.