El 27 de enero de 2020 entró en vigencia la Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos, popularmente conocida como “Ley de huelgas”.
La reforma al Código de Trabajo introdujo importantes cambios en la regulación de los movimientos sociales en el país, incluida la prohibición de hacer huelgas en 13 servicios esenciales como salud o seguridad pública, y la reducción de los plazos para que los juzgados determinen la legalidad de cualquier movimiento.
Pero posiblemente, el cambio más relevante es que, desde hace cuatro años, cualquier huelga que se declare ilegal traerá consigo la rebaja de salario para sus participantes.
Esa reforma, que impulsó en aquel momento el entonces diputado Carlos Ricardo Benavides (PLN), nunca tuvo como objetivo eliminar la manifestación social, sino más bien regularla, pero sus efectos han sido otros.
Desde su aprobación hace cuatro años, se han reducido drásticamente lo que el Programa Estado de la Nación (PEN) denomina como “acciones colectivas”.
Por ejemplo, el mes con más movimientos en el primer año de gobierno de Rodrigo Chaves fue octubre de 2022, con 40, mientras que Carlos Alvarado reportó 162 solo en setiembre de 2018.
No menos importante es que lo que el PEN califica como “episodios de conflictividad”, entendidos como el pico máximo de conflicto de un movimiento, no se presentan desde finales de 2020, cuando el Movimiento Rescate Nacional se apoderó del país en medio de violentas protestas contra la negociación que el Gobierno entabló con el Fondo Monetario Internacional.
La tendencia ahora, insiste el informe, son movimientos disuasivos y ya no conflictivos, aunque en ambos casos la caída es significativa: el promedio anual de acciones colectivas en Costa Rica es de 369, mientras que el primer año de la administración Chaves-Robles cerró con 227.
¿Por qué?
La investigación del PEN sobre la acción colectiva del primer año de gestión de Chaves maneja tres hipótesis para esa caída en el movimiento social: la pandemia del COVID-19, las elecciones presidenciales (cambio de Gobierno) y la ya señalada “Ley de Huelgas”.
Chaves, por ejemplo, ha lidiado con multitudinarias manifestaciones que, en una inmensa mayoría, han transcurrido con sepulcral calma.
Las huelgas han sido aún más escasas.
La más recordada es la de junio de 2023, cuando alrededor de dos mil funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) realizaron un paro de labores para exigir que se les excluyera de la Ley Marco de Empleo Público.
El mismo día de la manifestación, la propia CCSS solicitó la declaratoria de ilegalidad al movimiento.
“Mi conclusión es que, durante mucho tiempo, los sindicatos se acostumbraron a aprovechar la enorme facilidad que existía para hacer huelgas gratuitas, sin motivos, sin anuncios, sin seguir los procedimientos que el propio Código de Trabajo establecía, simplemente hacían lo que querían y se iban a huelga de un día a otro, era gratuito, no se les rebajaba absolutamente nada y en medio de eso aprovechaban las horas de trabajo, pagadas por todos los costarricenses, para realizar marchas a costo cero.
“Que se haya terminado la posibilidad de una huelga sin consecuencias económicas para el que la ejerce ha tenido un efecto sobre las marchas, un efecto no deseado, porque ese no era el objetivo”, precisó Benavides.
El exdiputado insistió en que la ley aprobada en ninguna parte prohíbe las manifestaciones, marchas o mítines, salvo en horas laborales, porque lo que se defendió siempre fue resguardar derechos inviolables de la ciudadanía como la seguridad, la salud o la educación.
El problema, asegura, es que la reforma desnudó el peso que el factor salarial tenía en medio de esos movimientos.
“Básicamente, las huelgas eran movimientos de protesta pagados por los costarricenses, que tenían que sufragar una huelga, aunque fuera ilegal, quisieran o no quisieran, porque había un aparato jurídico perverso que permitía que una huelga en hospital en contra de los pacientes, de personas que se estaban tratando de un cáncer o que tenían una operación resultaran fáciles y sin costo alguno para el que participara, eso realmente ofensivo en términos democráticos, eso se terminó y ha tenido como consecuencia un desincentivo en los movimientos sociales”, aseveró Benavides.
El también exministro reconoció; sin embargo, que la ley no frenaría una causa “realmente fuerte”, pues está convencido que ante un tema de verdadero interés común, la ciudadanía no se detendrá solo por el miedo a no recibir salario.
En ese punto coincide Albino Vargas, quizás la cara más conocida del movimiento sindical.
“Los grandes movimientos de impacto general ciudadano fueron de consigna única, las que pegan en la ciudadanía: la lucha contra ALCOA, el combo del ICE, la revisión técnica vehicular, el TLC con Estados Unidos, el combo fiscal del 2018.
“Nuestra conclusión es que los movimientos grandes responden a grandes consignas. Ahora vemos en el horizonte grandes movimientos para defender al ICE de la privatización eléctrica, un gran movimiento por elevar las pensiones hasta los 67 años, la defensa estructural de la Caja, hay que tener claro cuándo es que podemos esperar esos grandes movimientos”, explicó Vargas.
El secretario general de la ANEP sí reconoció que la ley ha tenido “un impacto muy grave en el movimiento social, general y sindical del país” porque le ha “metido miedo” a los trabajadores.
“La gente le ha cogido miedo a ejercer su derecho a manifestarse, algo que también tiene explicación en la situación actual del desempleo que ha provocado una especie de parálisis movilizadora, eso no lo podemos negar”, aceptó.
Sin embargo, insistió en que los procesos que mantienen planteados ante la Sala Constitucional contra la Ley de Huelgas están próximos a rendir frutos.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya declaró que la huelga es un derecho humano fundamental, estipulada en toda la tratativa que Costa Rica ha firmado, protocolizado y jurado respetar; por lo tanto, las personas trabajadoras que decidan ir a huelga deben invocar, precisamente, que lo hacen a la luz de ese derecho fundamental.
“Estamos en condiciones de explicar eso a todas las personas trabajadoras para que salgan a huelga a defender sus derechos económicos y sociales, si les compete”, finalizó.