La exministra de Trabajo y actual ministra de la Presidencia, Geaninna Dinarte, confirmó este jueves anomalías en la entrega de 5.962 bonos Proteger por un monto de ₡1.172 millones.
Lo hizo ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, encargados de la investigación legislativa que se le hace al programa a partir del informe de auditoría que realizó la Contraloría General, donde advirtió 66.298 personas con riesgo de mal otorgamiento.
Se trata de los primeros resultados de esa investigación interna a partir de lo dicho por el ente contralor, que advirtió que privados de libertad, pensionados, empleados públicos e incluso fallecidos podrían haber recibido el beneficio, pensado para ayudar a los más pobres en medio de la pandemia del COVID-19.
Dinarte precisó, por ejemplo, que de los 61 privados de libertad señalados por la Contraloría ninguno de ellos mantiene esa condición y que de los 45 fallecidos solo un caso es sujeto de investigación, pues el resto se trata de personas que murieron luego de solicitar el beneficio.
Donde sí hay más casos por investigar es, por ejemplo, en el apartado de funcionarios públicos, pues de los 670 detectados como riesgosos por la Contraloría, 286 fueron confirmados por Cisere y serán investigados.
Además, 188 pensionados también habrían recibido la ayuda económica.
La ministra minimizó así la gravedad y deficiencias de los procesos señalados por la Contraloría y aseguró que menos de un 1.5% de los 724.554 beneficiarios reportó un verdadero riesgo.
“Claramente el compromiso de la administración y de las instituciones a cargo del programa es seguir adelante con los procesos de análisis y verificación de estos casos.
“Ya la Contraloría dijo que una filtración menor al 5% es una tolerable y en todo caso estamos comprometidos a seguir investigando, esclarecer la situación de estos casos y por supuesto generar los procesos cobratorios y sentar las responsabilidades que corresponden, pero esta es la fase en que corresponde hacer esto”, dijo.
Los diputados, sin embargo, insistieron en las debilidades de control por parte de las autoridades en la entrega del beneficio, que Dinarte calificó como “muy amplios” ante una situación de atípica y de urgencia, pero defendió que sí hubo controles.
“La información se validó en 33 millones de trámites virtuales en consultas a bases de datos que generaban alertas. (…) Se hizo preventivamente y proactivamente, nos enfrentábamos a un programa donde podía haber personas con la intención de abusar del programa, pero basarnos en la declaración jurada hubiera obligado a las personas a venir a la institución a hacer el trámite”, dijo Dinarte.
La ministra insistió ante los legisladores que gracias al programa se logró contener la pobreza en medio de la crisis económica y sanitaria.
Añadió, además, que incluso en los casi 6 mil casos por investigar muchos de estos podrían cumplir con criterios que los habrían calificado para recibir el beneficio.