El ministro de Seguridad, Mario Zamora, aseguró que el impedimento constitucional que hoy tiene Costa Rica para extraditar a sus ciudadanos está generando “un efecto llamada” en el crimen organizado.
En audiencia ante la comisión especial que analiza la cuestionada reforma, el jerarca aseguró que si no se eliminan esas barreras legales, el país se convertirá en un lugar de resguardo para las mafias internacionales.
“Si nosotros no damos este paso adelante, nos convertiremos en el lugar, a nivel regional, en donde las mafias vendrán a guarecerse y justamente su escudo de protección será nuestra nacionalidad, que por ende se devaluará”, aseveró.
En una amplia exposición, Zamora insistió en que la negativa de Costa Rica a esa posibilidad, sumada a la decisión que otros países del área están tomando en el sentido contrario, está provocando que “los criminales más peligrosos” se ubiquen en el país.
“Estamos generando un efecto llamada para que los criminales más peligrosos, que son los que tienen la jerarquía más alta, se ubiquen en Costa Rica, obtengan la nacionalidad gracias también a una legislación obsoleta que permite que hoy sea más fácil obtener la nacionalidad costarricense que una residencia en Migración, mientras sigamos dando esas facilidades estamos generando un efecto llamada”, afirmó.
El ministro incluso dijo ante la comisión que tienen información de inteligencia que ubica a un grupo de 30 colombianos y venezolanos que hoy tienen causas pendientes en Estados Unidos y que no pueden ser presentados ante la justicia, pues son naturalizados.
En el mismo sentido, dijo que hay un grupo “significativo” de costarricenses por nacimiento que están “plenamente identificados” por tráfico internacional de drogas desde Limón y con destino a Europa y que son solicitados por autoridades de Países Bajos.
Válido
La propuesta de reforma, que impulsa la fracción oficialista y el gobierno de Rodrigo Chaves bajo el expediente 23.701, modifica el artículo 32 de la Constitución Política, que establece que ningún costarricense puede ser obligado a abandonar el territorio nacional.
La semana anterior, el constitucionalista Rubén Hernández, aseveró ante la comisión que el proyecto es inconstitucional, pues existe un voto de la Sala IV que aclara que la Asamblea Legislativa no puede “reducir, amputar, eliminar ni limitar derechos y garantías fundamentales” de los ciudadanos, por lo que la única forma de modificarlo era mediante una Constituyente.
Sin embargo, Zamora aseveró esta mañana que esa interpretación es errada.
“No es necesaria la constituyente, en la Constitución de 1949 el constituyente definió los mecanismos de reforma parcial y delega eso en los legisladores ordinarios para que cada Asamblea pueda poner a tono, con el tiempo y momento histórico, las normas constitucionales.
“Don Rubén hace un análisis aislado y no sistémico, confunde la figura de la extradición con la expulsión y no toma en consideración que hay un artículo específico que habla de la extradición”, dijo el ministro.
Zamora, incluso, defendió que ya hoy existe una serie de garantías para las personas a extraditar, como que no pueden recibir penas que no existan en Costa Rica o que no se les puede juzgar por más delitos que aquellos por los que fueron extraditados.
Incluso insistió en que la reforma se amplíe a delitos como feminicidio, trata de personas o venta ilegal de armas y no se limite solo al narcotráfico y el terrorismo.