El diputado Fabricio Alvarado, con el apoyo del resto de la fracción de Nueva República, presentó un proyecto de ley que obligaría a las personas privadas de libertad a trabajar mientras descuentan su pena.
La principal justificación, según el propio Alvarado, es compensar el elevado costo que, según el periodista, supone la manutención de estas personas para el Estado.
“En Nueva República consideramos necesario que los privados de libertad tengan la obligación de un oficio con el fin de que puedan generar recursos que ayuden a disminuir la carga para el Estado de su manutención, que además permita que los recluidos puedan contribuir económicamente con sus familias”, aseguró el diputado Fabricio Alvarado.
Según el propio legislador, hoy la manutención de cada privado de libertad ronda los ₡437.840 por mes, un costo que “asumimos todos los costarricenses mediante el pago de impuestos”.
Para atenuar esa cifra, la propuesta de Alvarado es que del salario total que estas personas reciban por ese trabajo obligatorio, un 40% vaya a las arcas del Estado, 30% al pago de cualquier obligación que el preso tenga (pensiones, por ejemplo) y el restante 30% para sus gastos o ayudar a su familia.
“El proyecto establece parámetros claros para el desarrollo de la actividad laboral en los centros penitenciarios, permitiendo que el trabajo pueda ser incluido como parte de la pena impuesta por el juez, en función de las circunstancias del caso y del perfil del interno. De este modo, se busca transformar el tiempo de privación de libertad en una oportunidad para adquirir habilidades y conocimientos que favorezcan una futura reinserción”, añadió la fracción.
Pero, ¿es realmente posible obligar a los privados de libertad a trabajar?
La Constitución Política, en su artículo 56, establece que “el trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad”.
Y en distintos pronunciamientos, los magistrados han sido enfáticos en que, mientras no resulten incompatibles con su condición de privados de libertad, los presos gozan de los mismos derechos fundamentales que el resto de la población.
Si bien Alvarado y Nueva República reconocen que hay falta precisión en la ley, para ellos ese deber con la sociedad debería aplicar para las personas que descuentan prisión.
Pero esa obligación, según los expertos, sería improcedente.
“La idea me gusta mucho porque es bueno que estas personas trabajen, que estén ocupados y que tengan medios de subsistencia para ellos y sus familias, pero lo que no me parece y no pasaría un examen constitucional es que se les obligue, y aún peor que se les restrinja el uso de esos recursos que se ganen mediante su trabajo”, resumió el experto constitucionalista, Rubén Hernández.
Elizabeth Odio, exjueza y expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, insistió en el inconveniente que supondría esa obligación.
“Los privados de libertad son titulares de derechos humanos desde siempre y como personas tienen sus derechos fundamentales, derecho a la vida, a la dignidad, etc. Obligar a trabajar sería una violación a sus derechos.
“Lo que se ha decantado en el Ministerio de Justicia, incluso cuando fui ministra, es el derecho que tenían a trabajar y recibir un salario, por ejemplo, trabajo agrícola o trabajar con el INA, pero obligar a trabajar suena a trabajo forzado, con lo cual yo jamás estaría de acuerdo”, precisó Odio.
Hernández, sin embargo, hizo la salvedad de que, si se reformara la ley y se incluyera dentro de las penas la obligación de un oficio o trabajo, como sucede en otros países, esa sí podría ser una posibilidad, al menos en la obligación, pero no en la distribución de recursos.
El proyecto de Nueva República, efectivamente, contempla esa reforma, pero no aclara si su articulado solo aplicaría, entonces, para condenados luego de la aprobación de la ley y no los actuales.
Este metió intentó obtener una respuesta de Fabricio Alvarado sobre ese particular, sin embargo, esta no se obtuvo antes del momento de publicación.