El presidente Rodrigo Chaves y la ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, cuestionaron esta tarde el estudio realizado por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (CINPE – UNA) sobre el impacto económico del decreto presidencial para el desarrollo de la red 5G en el país.
Ese documento, entre otros, afirma que las tarifas de telefonía celular e internet en Costa Rica podrían aumentar hasta en 40% por las restricciones que incluye ese decreto, incluida el no permitir que desarrolladores chinos participen de esas licitaciones.
En conferencia de prensa, Chaves y Bogantes aseguraron que ese estudio fue “hecho a la medida” para la firma china Huawei, pues fue precisamente esta la que lo encargó.
“El Estudio deja muchísimo qué desear y la parte ética es algo que la UNA va a tener que ver. ¿Si a uno lo mandan a hacer estudios a la medida para que diga algo, qué credibilidad académica tiene la integridad académica de esa institución?”, criticó Chaves.
La jerarca, por su parte, dijo que el estudio está mal hecho y no aporta fuentes que sustenten sus conclusiones.
“No hay una justificación de peso que diga 'este va a ser el incremento', porque no hay fuentes, son conclusiones a los que llega el CINPE porque quisieron, porque Huawei les paga para que hagan el estudio que después incluyen como prueba ante la demanda que la empresa tiene contra el ICE”, aseveró.
Esta mañana, ante los diputados que analizan ese decreto, el director del CINPE, Olman Segura, reconoció que fue Huawei la que pidió ese estudio, pero defendió que eso no influye, en lo absoluto, en los resultados del mismo.
“El estudio fue contratado por la firma Huawei, como han sido contratos otros muchos con empresas como Recope, Micitt, Banco Nacional y otras muchas entidades para las que hemos trabajado.
“Cada uno de esos trabajos que hacemos para diferentes entidades las hacemos con absoluto profesionalismo, transparencia, respaldados en base científica, datos y bibliografía conocida, manteniendo nuestra independencia, rigurosidad y libertad de cátedra”, dijo.
Ese estudio, por orden de Huawei, buscaba responder cómo se afectaría el mercado de las telecomunicaciones ante las barreras de entrada que pone el decreto y el impacto económico que tendría para las operadoras actuales, usuarios y empresas.
“Nuestra respuesta es nuestra respuesta, no aceptamos que se nos diga, guíe o imponga la misma”, añadió Segura.
“Huawei se va a la UNA y le dice hágame un estudio sobre le impacto de que Costa Rica implemente ese decreto y dígame qué piensa, y ustedes ¿qué creen que pensaron? Exactamente lo que Huawei querían que pensaran y a un nivel de calidad que da risa, pero la parte que preocupa es que Huawei presenta ese estudio como evidencia ante la Sala Constitucional”, insistió Chaves.