El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, compareció ante los diputados la noche de este martes en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico y pidió penas más graves cuando se pase de las amenazas a los hechos en lo que a préstamos “gota a gota” se refiere.
“No es lo mismo que lleguen y te amenacen a que ejecuten la amenaza y actúen con violencia y agresión.
“Debería agravarse la pena hasta un tercio más, cuando a la persona ya la agredieron y ya la hicieron entregar la casa para que se apoderen de ella”, explicó Zúñiga.
El proyecto de ley de préstamos “gota a gota” está convocado para ser analizado en la Asamblea Legislativa, por lo que al jerarca los legisladores le hicieron consultas para saber si es necesario modificar parte del texto.
Además, le consultaron si él ve viable que las entidades financieras coloquen facilidad de préstamos a las personas que están más vulnerables a caer en este tipo de préstamos clandestinos para, así, acabar o disminuir este tipo de negocios que muchas veces están relacionados con el narcotráfico.
“El problema principal del ‘gota a gota’ es la esclavitud que genera, porque la persona difícilmente puede salir de ese círculo vicioso.
“Yo si les digo algunas situaciones que he visto en otros países, por ejemplo, en la India iniciaron con iniciativa de darles créditos accesibles a las personas y tuvo muy buenos resultados, el problema está en que ustedes tienen que determinar si esto es favorable o no”, manifestó.
Zúñiga también les explicó a los legisladores cuándo se puede investigar una estructura que ofrece créditos de este tipo y comete delitos.
“La criminalidad organizada es un negocio que genera dinero de forma ilícita, cuando determinamos que hay personas que se asociaron para formar una organización criminal, ya es un delito, lo importante es poder establecer esos roles, habrá una persona que se dedica a poner el dinero para cometer el delito, otra persona se dedica a buscar las víctimas necesitadas y se gana una comisión por colocar esos préstamos.
“Otros son los cobradores y demás, si tenemos una relación que permita relacionarlos con crimen organizado y genera una penalidad de más de cuatro años podemos generar un impacto importante, pero más allá de eso, quiero hacer ver que el recurso que tenemos para ese tipo de investigaciones es muy limitado”, acotó.
El jefe del OIJ cerró su comparecencia pidiendo facilidades en el reglamento penal para que ellos como entidad no tengan problemas con trámites burocráticos a la hora de investigar, y reiteró que con la actitud que ha tomado el Ejecutivo el único que pierde es el pueblo.
“Sobre el tema de gota a gota hay que verificar esa relación que permita establecer que tengamos un reglamento del tipo penal que nos facilite las cosas y modificación en la ley de registro de documentos que nos ayudaría bastante, pero no pidan un delito precedente, porque se nos va a complicar el asunto.
“Con que tenga una reacción que determine que se trata de un grupo criminal organizado, yo creo que no eso nos sirve y nos basta para poder demostrar que fulano A coloca los préstamos para las personas necesitadas, otras dos personas que están cobrando, hacemos toda esa relación y determinamos si es crimen organizado, ya con eso un juez puede aplicar una pena de cuatro o hasta 12 años para desarticular la organización.