POR Juan José Herrera | 29 de agosto de 2022, 17:56 PM

Los diputados aprobaron esta tarde, en segundo y definitivo debate, el proyecto de ley que excluye al Servicio de Emergencias 9-1-1 de la regla fiscal.

La iniciativa, heredada de la pasada Asamblea Legislativa, defiende esa decisión en la alerta que había hecho el servicio meses atrás, cuando advirtió que ese límite al crecimiento del gasto amenazaba con sacarlos de operación.

El sistema aseguró que, aunque tiene los recursos, la regla fiscal les impedía honrar, entre otras, una millonaria deuda con el Instituto Costarricense de Electricidad, que arrastra desde el año anterior.

Hoy, los diputados de oposición insistieron en que el 9-1-1 no se financia del presupuesto nacional, sino con un impuesto a las telecomunicaciones, de manera que esa exclusión no afectaría en nada las finanzas públicas.

Sin embargo, la bancada oficialista, representada por su jefa Pilar Cisneros, aseguró su oposición a la iniciativa por la delicada situación fiscal del país y lo innecesario de aprobar un proyecto que, insistió, solucionaría un tema resuelto.

“Con la nueva interpretación de la regla fiscal sobre lo presupuestado y no lo gastado, el Gobierno da garantía de que los servicios del 9-1-1 se darán sin problema y habrá recursos suficientes para operar.

“El Gobierno no apoya que esta institución ni ninguna otra se salga de los efectos de la regla fiscal, pero no quiere decir que no esté de acuerdo en una serie de reformas para garantizar la prestación de servicios esenciales”, dijo Cisneros, quien calificó este proyecto como un “parche” e insistió en garantizarle a la ciudadanía que el servicio no se interrumpirá ni ahora ni en un futuro.

“Más allá de que el Poder Ejecutivo asegure o no, garantice o no, prometa o no que esos recursos puedan ser presupuestados, el Gobierno no puede prometer hacer algo fuera de la ley, porque si el límite que impone la regla fiscal impone utilizar superávits que están ahí acumulados, por culpa de la propia regla fiscal, ¿puede garantizar el Poder Ejecutivo que esos recursos se utilicen?” No, no puede”, dijo el jefe de fracción del Frente Amplio, Jonathan Acuña.

La iniciativa fue votada a favor por 37 legisladores y rechazada por los 10 oficialistas; ahora, será el Gobierno y el presidente Rodrigo Chaves los que decidan si recibe su firma o es vetada.