Política
Diputados aceptan error y frenan norma para eliminación de plazas
La decisión permitiría, entre otras, nombrar educadores para atender a los cientos de estudiantes que no están recibiendo clases por falta de profesor.
Con el voto unánime de 45 diputados este jueves se aprobó en segundo debate el expediente 22.395, que revierte la norma que eliminaba las plazas congeladas en el sector público.
Se trata de una modificación a Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario, específicamente con la llamada norma de ejecución número 12, que ordenaba esa eliminación tanto de contenido como de código de todas aquellas plazas que quedaran vacantes sin importar la razón.
La medida, aprobada por los propios legisladores, fue pensada como una forma de contener el gasto público y promover la eficiencia; sin embargo, no contempló particularidades como que algunas de esas vacantes se pueden originar en puestos que sí son necesarios ante renuncias, despidos, muertes o jubilaciones.
El ejemplo más serio y evidente lo advirtió el Ministerio de Educación Pública (MEP), que señaló que la eventual eliminación de 1.861 plazas docentes entre 2020 (cuando entró en rigor la norma) y este 2021 suponía dejar a cientos de estudiantes sin un educador.
Los diputados aceptaron que ese fue un error, pero debatieron a inicios de semana sobre la responsabilidad de esa norma en particular, con ataques entre el oficialismo y la oposición por las advertencias que los primeros hicieron, en su momento, de esos recortes.
José María Villalta, del Frente Amplio, denunció un “recortismo ciego y fanático” el lunes cuando defendió la suspensión de la norma, mientras que hoy festejó la voluntad de enmendar el error cometido.
“Me alegra que se está rectificando ese recortismo ciego y fanático y que estamos tomando conciencia por fin del daño causado (…) pero falta todavía dimensionar el verdadero impacto de esas decisiones”, había dicho durante el primer debate.
La decisión tomada hoy, sin embargo, no elimina del todo la norma, sino que la supedita a la aprobación de la autoridad presupuestaria.
Su aplicación a futuro deberá ser nuevamente aprobada por los legisladores.