Las universidades públicas recibirán un aumento en el Fondo Especial de Educación Superior (FEES), pero también lo hará el resto de la educación pública.
Esa es la consigna de una mayoría de la Comisión de Asuntos Hacendarios, encargada de llevar al Plenario Legislativo el acuerdo al que no pudo llegar el Poder Ejecutivo con el Consejo Nacional de Rectores (Conare).
Entre corrillos legislativos se habla de una “solución salomónica”: no llegar al 4% que pretenden las universidades, pero tampoco quedarse en el 0% que presupuestó el Gobierno.
“Recordemos que por ley ese aumento no puede ser menos que el año anterior y que, además, debe reflejar el costo de vida. El costo de vida certificado por el Banco Central para el 2025 es de 3,1% (+/- 1), entonces si nos apegamos a la ley un 4% sería excesivo, podría andar por el 2%, cercano a lo que hemos hablado muchos diputados”, aseveró la presidenta del órgano, Paulina Ramírez.
La verdiblanca aseguró que el interés de los diputados, al menos los de oposición, es un acuerdo equilibrado, pues tienen claro que el oficialismo se apegará a ese 0% que presentó el Gobierno.
“Buscamos un acuerdo equilibrado, balanceado, que tome en cuenta la situación económica del país, pero también de las universidades y de todo el sector educativo. Todos los miembros de la comisión, exceptuando el oficialismo, hemos buscado que se fortalezcan no solo las universidades, sino todo el MEP, con becas, comedores escolares, transporte y demás, entonces lo que buscamos es una solución integral, tanto para el FEES como para la educación con los recursos escasos que contamos”, añadió.
¿De dónde saldrán esos recursos?
La comisión analiza diferentes posibilidades, pero hasta ahora hay dos puntos que toman fuerza: la no capitalización de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que aportaría ₡32 mil millones de golpe, o tomar partidas del presupuesto nacional que podrían estar sobreestimadas por el tipo de cambio.
“Se pueden utilizar los recursos incorporados como aporte de capital para la Corporación Andina de Fomento, que son ₡32 mil millones, Costa Rica puede esperar, no necesita entrar ahora mismo. Hay partidas sobreestimadas como la amortización de pagos en dólares estimados a un tipo de cambio mayor”, precisó Jonathan Acuña, representante del Frente Amplio en el órgano.
Acuña insistió en que el interés de su bancada es que se respete el 4%, pero que son claros en que la construcción de ese acuerdo necesita que las partes cedan.
“Esperamos poder construir un acuerdo con las partes, tanto con el resto de las partes como con las universidades, ciertamente en un rango que se mueva de manera razonable, más allá de lo que propuso el Gobierno”, dijo.
El PUSC ya había adelantado que buscaría un aumento en el rango del 1,5% para las universidades; mientras que el PLP, enemigo declarado de la adhesión a la CAF, aseguró que está de acuerdo con esa propuesta, pero nunca para que se utilice de manera íntegra en las universidades.
“Nosotros propusimos el año pasado utilizar los recursos del CAF para Seguridad, el Plenario no nos apoyó, ahora el FA propone usarlo para Educación y en la medida que sea para toda la Educación podemos estar de acuerdo con eso, pero si es agarrar ese dinero para engrosar el FEES únicamente, no.
“Estamos hablando de poco más de 30 mil millones de colones, que es el pago anual del CAF, y las necesidades mayores están en preescolar, primaria y secundaria. Si podemos encontrar un equilibrio donde se le pueda aportar al FEES un poco más, pero que el grueso le quede al resto de la Educación, nosotros con mucho gusto podemos estar de acuerdo”, aseguró el liberal Eli Feinzaing.
El economista incluso reconoció que ya le presentó una propuesta de esa distribución a los diputados de su fracción, pero que por respeto a ellos, esperará a ese análisis y el de la comisión antes de hacerla pública.
Hacendarios tiene tiempo hasta el 15 de octubre próximo para presentar una moción de acuerdo al Plenario de cara a la discusión final del presupuesto nacional 2025.