POR Eric Corrales | 8 de septiembre de 2016, 13:18 PM

Los diputados aprobaron en primer debate el proyecto contra el Fraude Fiscal la tarde de este jueves; con 42 votos a favor y cuatro en contra.

El proyecto fue aprobado luego de que los diputados, algunos ya molestos, tuvieran que esperar a que el diputado Otto Guevara hablara por casi 10 horas por las 38 mociones que puso al proyecto. 

Esta iniciativa otorgará instrumentos robustos a la Administración Tributaria para la lucha contra el Fraude Fiscal y al Instituto Costarricense contra las Drogas (ICD) para combatir la legitimación de capitales y las actividades que financian el terrorismo.

Vea también: Mociones de Otto Guevara dilatan votación de proyecto contra fraude fiscal

“El texto aprobado (…) permite al Ministerio de Hacienda y al ICD, según su ámbito de competencias, tener acceso para la ejecución de sus funciones de control y fiscalización. Buscamos siempre un balance adecuado entre las necesidades de información de ambas entidades y los derechos de los contribuyentes”, explicó la diputada Paulina Ramírez.

La nueva ley establece la obligatoriedad de la factura electrónica a partir del 2018.

El proyecto define la construcción de un registro de accionistas y beneficiarios finales de las sociedades y personas jurídicas, propuesto por el Poder Ejecutivo y consolidado por los partidos que conforman la Alianza de Oposición, que controla actualmente el Congreso Legislativo.

Otros aspectos significativos, que forman parte del texto aprobado, se refiere a la distinción clara de todos los obligados tributarios y sus obligaciones en esta materia.

Además, se definen claramente las razones que permiten el acceso a las autoridades gubernamentales correspondientes, y todos los mecanismos de seguridad de la información para evitar la mala utilización de dicha información, con sanciones claras para quienes deben suministrar la información y para quienes tienen que resguardarla.

También se refuerza como mecanismo de control, la responsabilidad solidaria de los asesores tributarios para que, en caso de asesorar, aconsejar o prestar servicios para omitir total o parcialmente el pago de algún impuesto, o colaborare en la alteración de datos y documentos, sean sancionados.

Por su parte, para salvaguardar los derechos de los contribuyentes, se define que un juez sea quien autorice a la Administración Tributaria la aplicación de un embargo preventivo con las garantías procesales correspondientes, en caso existir peligro de que el obligado se ausente, enajene u oculte sus bienes o realice cualquier maniobra para no pagar una deuda tributaria, cuando no haya sido determinada aún la deuda.

Esta medida, puede ser acompañada de la adopción de medidas provisionalísimas sobre los bienes, para garantizar el pago futuro de la deuda, cuando ya sea determinada.

Ahora el proyecto será consultado ante la Sala Constitucional, quien tiene un mes para pronunciarse, luego del cual, vuelve al Congreso para su votación en segundo debate.