Los diputados aprobaron esta tarde los cambios presentados al proyecto de reforma al empleo público y con esto enviaron su texto a discusión, de nuevo, en primer debate.
Tras un amplio debate, el informe de mayoría se aprobó con 32 votos a favor y 14 en contra.
Esto significa que el texto se actualizará con la exclusión, casi total, de los poderes de la República y los entes públicos con autonomía a la rectoría del Mideplan.
Esa fue la solución planteada por la Comisión de Consultas de Constitucionalidad para atender las observaciones que la Sala IV planteó al texto original y que apuntaban, prácticamente, a la violación a la independencia de poderes por culpa de esa rectoría.
Con esta aprobación el texto volverá a votarse en primer debate, pero antes irá a consulta de un amplio número de instituciones, incluida la Corte Suprema de Justicia, las universidades públicas y la Caja Costarricense de Seguro Social.
En contra
La discusión de esta tarde se concentró, principalmente, en escuchar las voces en contra a la reforma y a la forma en que la comisión solucionó los vicios encontrados por la Sala.
Pedro Muñoz, autor en solitario del informe de minoría, cuestionó el procedimiento utilizado y cómo se eximió a la Asamblea Legislativa de la reforma "en automático", inferido a partir del fallo de la Sala en lo relativo a los poderes de la República.
Muñoz, incluso, amenazó con volver a consultar el proyecto a la Sala.
El frenteamplista José María Villalta o la independiente Paola Vega, que ya habían luchado contra la propuesta en el proceso anterior, volvieron a la carga para quejarse de las soluciones propuestas en ese voto de mayoría.
Sin embargo, una mayoría del Plenario dejó claro que los problemas señalados se resuelven con esa exclusión de la rectoría, una "coletilla" que ahora aparece en casi todos los apartados de la futura ley.