Diputados aprueban ampliar reducción de jornadas en el sector privado

Con el voto afirmativo de 35 diputados y luego de una extensa discusión el plenario legislativo aprobó este miércoles en primer debate el expediente 22.265, que amplía por tres meses el permiso para que patronos reduzcan las jornadas laborales de sus trabajadores por motivo de los efectos de la pandemia del COVID-19.

El proyecto fue conocido luego de que se aprobara un texto de consenso para que esa ampliación fuera por solo un periodo más (tres meses) y no dos como originalmente se planteó.

Hoy, además, los diputados aprobaron un tercer transitorio que la ampliación se mantendrá siempre y cuando se mantengan los efectos de la pandemia y así lo demuestren los patronos ante la Inspección de Trabajo.

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Además, puso como condiciones que para que esa ampliación se apruebe a quienes así lo soliciten se debe demostrar que las condiciones actuales siguen afectando a la empresa; además, que se prohíba el pago de horas extra a los empleados y en su lugar se reincorpore a trabajadores con horarios reducidos.

El proyecto encontró una férrea oposición en el frenteamplista José María Villalta y la oficialista Paola Vega.

Ambos argumentaron que al día de hoy no existen los estudios que demuestren el beneficio que la ampliación traería a los trabajadores o el sector laboral del país, fuertemente golpeado por los efectos de la pandemia.

La tesis de los legisladores es que esa ampliación aprobada no tiene ningún sustento científico ni estadístico y que al final son los trabajadores los que están sufriendo con una decisión “antojadiza y equivocada” de los diputados.

Vega aseguró que ella misma le solicitó información básica al Ministerio de Trabajo sobre el impacto de esa medida en la población trabajadora y que esa cartera aceptó que esos estudios no existen.

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Villalta, a su vez, planteó una serie de mociones para consultar el proyecto a prácticamente todos los sindicatos y agrupaciones de empleados del país y exigir datos a Trabajo que respaldaran la moción.

Vega, además, pidió entre otras excluir de la aplicación de la ley a mujeres embarazadas. Todas esas mociones fueron rechazadas por mayoría.

La reducción de jornadas, que van desde el 25% hasta el 75% del tiempo, se aprobó en marzo anterior para evitar que empresas afectadas por la pandemia despidieran a sus trabajadores.

Villalta aseguró que si bien la intención inicial era buena, hay muchos trabajadores que ahora están atrapados a un contrato laboral que no les alcanza para vivir pero que no pueden dejar para no perder sus prestaciones de ley.

El proyecto será votado en segundo debate el próximo martes 15 de diciembre.