Contralora sobre referendo: “La situación es peor de lo que parece”

La contralora general, Marta Acosta, aseguró este martes que luego de realizar un análisis del proyecto de ley que acompaña la solicitud de referendo presentada por el gobierno de Rodrigo Chaves, quedó claro que “la situación es peor de lo que parece”.

Acosta ya había cuestionado, semanas atrás, que el proyecto “desmantelaba” las potestades fiscalizadoras de la Contraloría; sin embargo, ahora asegura que también perjudica los controles propios de la Asamblea Legislativa.

“Luego de analizar a fondo los enormes huecos que pretenden hacerle al control de los fondos públicos, podemos indicar con certeza que la situación es peor de lo que parece, esto va más allá de los temas de contratación de obra pública, porque hasta la misma Asamblea Legislativa perderá insumos de control político que recibe actualmente de la Contraloría General, dado que esta ley le quitaría funciones sustantivas de forma tal que el Poder Ejecutivo le impondría al Poder Legislativo el tipo de controles que podrá realizar su propio órgano auxiliar, lo que parece claramente una invasión de las potestades legislativas y una abierta intención de minimizar dicha auxiliaridad”, aseveró Acosta.

“Eso es justamente lo que pretende el proyecto de referéndum: que obras públicas se puedan contratar a dedo, que no se registre deuda pública, que no se pueda alertar de una ilegalidad evidente en un proyecto, que una denuncia o auditoría no pueda derivar en la prevención de un acto irregular o de ineficiencia, entre otros efectos visibles”, añadió.

Acosta también precisó que, de aprobarse esas reformas, se le impediría a la Contraloría fiscalizar la legalidad de los controles internos y la eficiencia de los fondos públicos, así como el uso de instrumentos vinculantes.

“Por ejemplo, si la CGR recibe una denuncia ciudadana o una solicitud de investigación por parte de la Asamblea Legislativa y se encuentran posibles irregularidades o malos manejos de los fondos públicos, no podría la CGR tomar ninguna acción para prevenir, advertir, corregir o sancionar lo que encontró en su investigación”, dijo.

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También criticó que se eliminan controles previos, pese a que la Constitución Política los dispone en materias como la aprobación presupuestaria, el refrendo de contratos públicos y la fase recursiva en materia de contratación pública.

“O sea, la Contraloría no podría avisar a tiempo para evitar un perjuicio económico para la Hacienda Pública, sino únicamente hasta que se materialicen los daños y sea demasiado tarde. Se elimina así toda la etapa de prevención como instrumento para detener potenciales ineficiencias, irregularidades o actos de corrupción”, explicó.

Acosta sentenció que, para la Contraloría, el panorama del proyecto es claro:

“Se quiere quitar y, por tanto, evadir el control de los fondos públicos en detrimento de la eficiencia y la legalidad en el uso de los recursos que le pertenecen a todos los costarricenses. Calificar de fortalecimiento semejante cosa es pretender que la verdad no saldrá a flote y que nadie verá las intenciones reales de sus proponentes”, dijo.

La contralora aseguró que están atentos a la consulta que, por procedimiento, se le tiene que hacer al departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.

Horas después, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, criticó el análisis de la contralora.

“Parece que doña Marta leyó otro proyecto de ley. El proyecto “Ley Jaguar” que presentó el Gobierno (…) no tiene ninguna tentativa para disminuir las competencias de la Contraloría, más bien queremos fortalecerla, justamente para que no tenga discrecionalidad de escoger qué casos sí y qué casos no investiga, sino que tenga que investigarlos todos.

“Ella mienta descaradamente porque está acostumbrada, a que ha venido tratando de hacer lo que ha querido. Esto tiene una razón muy simple de ser, la Ley Jaguar viene a clarificar las competencias para que la Contraloría no pueda administrar y eso es lo que posiblemente incomoda a doña Marta Acosta", afirmó.