POR Julio Naranjo | 12 de agosto de 2019, 8:07 AM

Los diputados dictaminaron la semana anterior de forma favorable el proyecto de ley que estudia el derecho a la huelga y su seguridad jurídica.

Además de la exclusión de la educación como servicio público esencial, esta iniciativa que se tramita en la Asamblea Legislativa plantea otros cambios de darse su aprobación.

Para conocer a fondo el proyecto, la diputada Yorleni León, la abogada laboralista Paola Gutiérrez y el presidente de UCCAEP Gonzalo Delgado estuvieron como invitados en el programa 7 Días Radio.

Todos argumentan que esta iniciativa legislativa permite definir con mayor precisión el tema de los servicios esenciales y aquellos de trascendental importancia que llevan implícitos servicios mínimos.

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Aunque León mantiene su tesis de que la educación debería contemplarse como servicio esencial, señala que “una cosa son las propuestas y otra lo que políticamente no fue posible sostener”.

A la educación se le brinda una categoría de importancia estratégica, donde se le asignan una serie de regulaciones para los trabajadores del sector que se quieran manifestar, por ejemplo, los 21 días que como máximo puede durar la huelga.

“Los 21 días no son antojadizos, salen de una serie de recomendaciones dadas por el Ministerio de Seguridad donde ellos señalan los días que tienen la capacidad de soportar una huelga continua”, comentó León.

Agregan que las huelgas se rigen hasta el momento por la libre, de ahí la importancia de establecer un reglamento.

La abogada Paola Gutiérrez resalta la rapidez o agilidad que se promueve en las declaratorias de legalidad o ilegalidad de la huelga por parte de los jueces, ya que el proceso tendrá tiempo límite, se hará en su mayoría de forma oral y se podrá notificar a los sindicatos por medios electrónicos.

También el hecho de que se descarten de plano las políticas públicas como causa de manifestación o que el salario pueda ser recuperado por el patrono en caso de que la huelga fuera declarada ilegal.

“Un inciso nuevo sobre la disolución de los sindicatos, cuando estos incitan a bloqueos en las vías públicas, o el acceso a las instituciones públicas, sabotaje de bienes públicos o a conductas que sean un ilícito penal”, agrega la abogada.


Además, la posibilidad de que huelgas que hayan sido declaradas legales se logre demostrar que están causando un impacto dañino a la sociedad después de ocho días se puede solicitar a un juez que los empleados regresen a su trabajo.

“Costa Rica necesitaba crear todo un marco conceptual porque estamos pasando de un vacío completo que hemos ido creando por diferentes razones… También se debe resaltar que las huelgas deben ser pacíficas y en el momento que hay afectación de derechos a otra persona ahí acaba la huelga”, aportó el presidente de UCCAEP.

Observe todos los detalles en el video adjunto.