Congreso decidirá próximamente futuro de propuesta para quitar curules a diputados independientes

El Congreso decidirá en los próximos días el futuro del proyecto de ley que quitaría las curules a los diputados que se declaren independientes.

Se trata de una reforma constitucional impulsada por el Partido Restauración Nacional luego de que, a inicios del presente cuatrienio, ocho de sus diputados se separaran y formaran lo que hoy se conoce como el bloque de Nueva República.

“El transfuguismo lesiona los principios, idearios y planteamientos políticos que convencieron al elector, a ir a las urnas y dar su voto al partido político que hizo el planteamiento.  Desde este punto de vista, el transfuguismo constituye una deslealtad del elegido, con el elector, que perjudica la legitimidad y credibilidad del Congreso y de los Partidos Políticos”, se lee en la exposición de motivos del proyecto que presentó Eduardo Cruickshank.

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La propuesta adiciona un párrafo al artículo 106 de la Constitución que precisamente reza que los diputados que, durante el ejercicio de su cargo se separen o renuncien al partido político por el que fueron electos, perderán sus credenciales y su lugar lo ocupará el siguiente en la lista por provincia según la elección nacional.

El Congreso eligió a Carolina Hidalgo (PAC) este miércoles para terminar de conformar la comisión que analizará el expediente. La oficialista sustituye a Paola Vega (independiente) en el órgano luego de que esta renunciara al puesto.

Junto a Hidalgo están las liberacionistas Silvia Hernández (PLN) y Ana Lucía Delgado, Floria Segreda y Eduardo Cruickshank (Restauración Nacional); Erick Rodríguez (independiente) y Otto Roberto Vargas (Republicano Social Cristiano).

Todos ellos tendrán 20 días hábiles para rendir un informe al Plenario sobre la reforma.

Más cambios

Esta semana también quedaron definidas otras tres comisiones de reforma constitucional que rendirán informes en los próximos días.

Una de estas es la que analizará el expediente 21.407, que defiende la eliminación de la segunda vicepresidencia de la República.

La iniciativa, defendida por Wálter Muñoz (PIN), establece la reforma el título X de la Constitución para eliminar esa figura que, según el legislador, se ha convertido en un adorno.

“Consideramos que tener dos Vicepresidencias no contribuye a mejorar la eficiencia en la conducción del gobierno. Por eso proponemos mediante esta iniciativa su eliminación, lo cual representa un importante ahorro de recursos económicos para las finanzas públicas, al suprimir un cargo cuya relevancia, operatividad y resultados efectivos han venido a menos conforme han pasado las diferentes administraciones”, reza Muñoz en la exposición de motivos.

Ese análisis lo tendrán a su cargo, además de Muñoz, los diputados Aida Montiel (PLN), Catalina Montero (PAC), José María Guevara (PUSC) y Eduardo Cruickshank (PRN).

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La comisión que estudiará el expediente 20.893, que limita la reelección de magistrados a una única vez y define como requisito de esta la aprobación legislativa, estará a cargo de Jorge Fonseca (PLN), Enrique Sánchez (PAC), Eduardo Cruickshank (PRN), Otto Roberto Vargas (RSC) y Pablo Heriberto Abarca (PUSC).

Esa reforma también establece que la elección de magistrados suplentes será un proceso abierto, eliminando la potestad que tienen los magistrados propietarios de la Corte de enviar listas a la Asamblea Legislativa con los nombres que ellos desean que sean elegidos.  

Finalmente, el expediente 20.117, que modifica el apartado de financiamiento de los partidos políticos, será evaluado por los diputados Gustavo Viales (PLN), Laura Guido (PAC), Pablo Heriberto Abarca (PUSC), José María Villalta (FA) y Eduardo Cruickshank (PRN).

Este último es un proyecto que se arrastra desde 2016 y que propone una disminución en el aparato estatal a la deuda política, pero excluye la rendición de gastos que hoy exige la Constitución.

Por esa razón, la intención de los actuales legisladores es determinar si el proyecto puede ser rescatado mediante una modificación.

Todas estas comisiones tendrán 20 días hábiles para presentar sus informes finales.