Política
Rodrigo Chaves y Natalia Díaz también figuran en investigación judicial por obras en aeropuerto
El presidente de la CNE, Alejandro Picado, también está bajo la lupa, según confirmó el Ministerio Público.
La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) salió este jueves al paso de las críticas por su presunta responsabilidad en la cuestionada licitación que le otorgó a la constructora MECO el proyecto de reparación de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Guanacaste por $40 millones.
En conferencia de prensa, el presidente Alejandro Picado, y el exasesor legal de la Comisión, Eduardo Mora, defendieron la legalidad de ese contrato y aseguraron que luego de una exhaustiva revisión no se encontró ningún indicio que permitiera respaldar la nulidad del proceso.
Por eso, dijeron, el reclamo con el que el presidente Rodrigo Chaves justificó el despido del ministro Luis Amador y el director de Aviación Civil, Fernando Naranjo, fue meramente “político”.
“Desde una perspectiva jurídica había un riesgo legal más grande en tratar de decretar una nulidad inexistente en el proceso que en mantenerlo; sin embargo, esto no entra necesariamente en consideración cuando se hace una valoración de responsabilidad política, que fue a lo que hizo referencia el presidente de la República cuando dejó claro que no había un indicio de acto de corrupción, pero sí una responsabilidad política por parte de los funcionarios que él pidió destituir.
“De modo que son dos ámbitos diferentes, yo estoy hablando de un ámbito estrictamente de legalidad y de las eventuales responsabilidades legales que hubieran podido generar, pero nuevamente, la decisión que se adoptó en su momento fue basada en las necesidades reales de la emergencia y en las realidades legales del expediente, que obligaban a hacer la adjudicación”, precisó Mora.
Ningún indicio de ilegalidad
El exasesor legal, quien llevó adelante ese proceso de adjudicación, incluso aseguró que luego de un análisis legal "muy fuerte" por parte de la CNE, es imposible determinar que se haya hecho un contrato a la medida a favor de MECO, que fue precisamente la principal sospecha de Chaves para respaldar el despido de Amador y Naranjo.
“Frente a un indicio de que pudo haberse manipulado a favor de un oferente, este condicionamiento no existía en el expediente, o en los términos, pruebas suficientes como para garantizar una nulidad.
“El paso a paso del procedimiento, que es lo primero que se revisó, estaba correcto (…) En la revisión de componentes de fondo revisamos los términos de referencia, el objeto del cartel estaba correcto, la obra que se buscaba era la que estaba reportada en el plan general de la emergencia, la legalidad estaba garantizada y el elemento que ha generado la situación era de evaluación, que como tal, no genera una nulidad ni absoluta ni relativa del proceso por cuanto estaba dentro de las condiciones propias de un cartel”, precisó.
La Comisión también defendió la inclusión de la reparación de la pista del aeropuerto de Guanacaste dentro de la declaratoria de emergencia de la emergencia provocada por la tormenta tropical Bonnie, que dijeron sí afectó a Liberia (donde está la terminal) y sí adelantó el término de la vida útil de la pista.
Por ese caso, el Ministerio Público confirmó la apertura de una investigación penal contra el presidente Chaves, la ministra Natalia Díaz y el propio Alejandro Picado.
"No he sido notificado, pero estamos abiertos a brindar toda la información pertinente sobre este caso y cualquier otro que sea necesario", aseveró la cabeza de la CNE.