Ciudad Gobierno y fiscalización de la Contraloría: estos son los temas del referendo de Chaves

El proyecto de ley que acompaña la convocatoria a referendo que impulsa el Gobierno de Rodrigo Chaves pasa por reformas a cuatro leyes que hoy tienen trabas a los intereses del Poder Ejecutivo.

Se trata del expediente 24.364, presentado personalmente por Chaves en Cuesta de Moras, junto a su gabinete, y que consta de nueve artículos repartidos en dos capítulos.

El primero es referente al “fortalecimiento del control y de la fiscalización superior de la Hacienda Pública”, que pretende modificar seis artículos de la Ley Orgánica de la Contraloría General y uno más de la Ley de Control Interno de Costa Rica; el segundo “fortalecimiento de la gestión contractual del sector público”.

La primera modificación propuesta elimina la competencia facultativa del ente contralor, al hacer una modificación en su artículo 4.

El segundo cambio modifica el artículo 11 para aclarar que en el apartado de fiscalización y control, el deber de la Contraloría será garantizar la eficiencia de los controles internos y la legalidad en el manejo de los fondos públicos, mientras que hoy la ley establece que se busca la legalidad y eficiencia de ambos.

Lea también

El tercer apartado reforma al artículo 12 para variar la rectoría del ente contralor, que hoy asegura que “las disposiciones normas, políticas y directrices que ella dicte, dentro del ámbito de su competencia, son de acatamiento obligatorio y prevalecerán sobre cualesquiera otras disposiciones de los sujetos pasivos que se le opongan”.

La propuesta del Gobierno, en cambio, establece que “la Contraloría General de la República, en el ejercicio de cualquiera de sus funciones, decisiones y actuaciones, no podrá sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar, ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión, ni sustituir las competencias de administración pública activa en sus modalidades de función decisora, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa, ni podrá evaluar previamente la gestión administrativa de la administración pública activa”.  

En el cuarto punto, modifica el artículo 17 para eliminar potestades de fiscalización que hoy tiene el ente, específicamente sobre la posibilidad de efectuar prevenciones y dictar instrucciones y órdenes procedentes.

El quinto cambio adiciona un párrafo al artículo 22, que establece que “en ningún caso el ejercicio de esta potestad suspenderá la ejecución de actos y contratos del Estado o sus instituciones, suspensión que solamente podrá efectuarse mediante la respectiva orden judicial de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable al caso”.

Finalmente, para el caso de la Contraloría, modifica las funciones jerárquicas que hoy tienen el contralor y subcontralor general.

Hay, además, una modificación a la Ley de Control Interno, específicamente en su artículo 9, que hace referencia a los órganos del sistema de control interno y que, con el cambio, le daría a la Contraloría la única posibilidad de actuar “a posteriori” de las actuaciones de la administración, y no antes como sucede actualmente.

Más cambios

En el caso de la Ley de Contratación Pública, modifica el artículo 67, que regula la compra y arrendamiento de bienes inmuebles y que ha sido el principal freno para la construcción de Ciudad Gobierno en la visión del gobierno actual, específicamente para construir en un terreno público con dineros de un ente privado (BCIE).

“Con ese fin es que se propone indicar, explícitamente en la norma, que la Administración podrá adquirir o arrendar inmuebles tanto por construir, en proceso de construcción o construidos sobre terrenos públicos, de acuerdo con el interés público y que, en estas compras o arrendamientos, la Administración podrá incluir servicios de diseño, construcción y obra que se requieran para la mejor consecución del bienestar general.

“Se adiciona, además, un plazo de 30 años tanto para los arrendamientos como para los derechos de uso cuando estos se traten de terrenos públicos, cuyo objetivo primordial es el ahorro que puede generar para el Estado, sin tener que gastar en arrendamientos que por años han sido abusivos y que repercuten en el bolsillo de todos los costarricenses”, dice el texto.

Finalmente, se reforma la Ley Orgánica de Japdeva para acordar que entre sus competencias está también formar alianzas públicas para inversiones de infraestructura, comerciales, investigación o desarrollo tecnológico, así como incluir bienes de las partes en esas alianzas. 

Con ese último punto, se solucionaría, además, la queja que hoy tiene la Contraloría sobre la marina y puerto de cruceros en Limón, que provocó un arrebato de Chaves semanas atrás.

El mandatario aseguró que, de la mano con este proyecto de ley, se presentará esta tarde ante el Tribunal Supremo de Elecciones la solicitud para recoger firmas de los ciudadanos para llamar a esa consulta popular, de manera que si el camino legislativo falla, esa sea la segunda opción.