POR Juan José Herrera | 3 de septiembre de 2020, 14:43 PM

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) decidió disolver la comisión técnica de compras y contrataciones que recomendó y autorizó los cuestionados contratos para compra de insumos médicos que ahora son investigados por los diputados y la propia institución.

En comparecencia ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, los funcionarios que integraban esa comisión técnica reconocieron que la misma fue disuelta el pasado 31 de agosto por orden de la Gerencia de Logística.

“La orden la tomó el gerente a.i. Esteban Vega y el por qué no le tengo la respuesta”, aseguró Soraya Solano, una de las comparecientes.

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Integrantes de la comisión técnica de compras y contrataciones de la CCSS no supieron explicar a los diputados el cambio de criterio que avaló millonario contrato.

“Lo que se menciona es que se han hecho análisis a lo interno de la gerencia con el gerente a.i. y que se toma la decisión de disolver la comisión”, añadió Esteban Corrales, otro de los comparecientes.

Dicha comisión fue la que analizó y autorizó, entre otros, los contratos firmados con la empresa MR Comunicaciones Políticas y el contador público David Landergren para la compra de 12 millones de mascarillas, todo por un monto de $4 millones.

Esa compra provocó que la CCSS separara al gerente de Logística Luis Fernando Porras y otros dos funcionarios y ahora, además, que se disolviera dicho órgano.

Hace dos semanas los mismos funcionarios habían declarado ante los diputados los pormenores de ese contrato y también otro que permitió la compra de mascarillas catalogadas como de uso “no médico”, pero que aun así fueron distribuidas al personal de la institución que combate la pandemia del COVID-19.

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La institución suspendió, con goce de salario, al gerente de Logística y a otros dos trabajadores mientras se realiza una investigación.

Este jueves, el diputado Jonathan Prendas denunció un contrato posterior que permitió la compra de batas impermeables que también fueron denuncias como de uso no médico y llegaron a trabajadores en la primera línea de atención.

Igual que hace dos semanas, los funcionarios no lograron dar respuestas concretas a los legisladores sobre esas compras.

En esa primera comparecencia se les cuestionó ampliamente el respaldar un contrato cuya documentación fue presentada en un idioma oriental.

El verdiblanco Carlos Ricardo Benavides incluso pidió a los funcionarios leer dichos documentos, pero estos aseguraron que no podían por estar en un idioma que no conocen.

“¿Cómo entonces ustedes aprobaron y recomendaron esto?”, dijo Benavides con molestia.

Esta tarde, en cambio, los funcionarios defendieron que ellos hicieron análisis de proformas más que de contratos. Así lo aseguró Nidia Medrano para sorpresa de los legisladores.

Benavides presionó entonces a Vega y Solano para que respondieran si ellos también creyeron que se estaban analizando proformas y que si fue por esa razón que no se pidieron muestras previas de los insumos médicos antes de aprobar los contratos.

Solano dijo no que no respondería a esa pregunta porque no tenía claridad en ese punto.

Los diputados valoran convocar, una vez más, a estos funcionarios en una sesión futura pues hoy agotaron el tiempo de la sesión.