Este jueves el plenario legislativo inició la discusión del expediente 21.917, que busca suspender el pago de anualidades en el sector pública.
La propuesta del Gobierno es la adición de un transitorio a la Ley de Salarios para congelar el pago correspondiente a los periodos 2020-2021 y 2021-2022.
La medida afectaría a todos los trabajadores del sector público con excepción de los empleados del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y los cuerpos policiales del país que están al frente de la lucha contra la pandemia del COVID-19.
La intención del Ejecutivo es que esos fondos se dirijan precisamente a la atención de la emergencia.
Las evaluaciones para el reconocimiento de esas anualidades sí se realizarán pero solo para efectos de referencia del rendimiento, determinación de los años de servicio y el cálculo del pago de cesantía.
Hoy se discutieron y votaron 14 mociones de reiteración, la gran mayoría del diputado José María Villalta, el más crítico de la medida por su afectación general y poca claridad de términos.
El frenteamplista cuestionó que se hable de una suspensión y no una eliminación del pago, dejando abierta la posibilidad de que, superada la pandemia, esas anualidades se paguen.
También cuestionó que la suspensión se extendería a todos los trabajadores, desde aquellos con altos salarios hasta otros como los recolectores de basura, por ejemplo.
“No se toma en cuenta la realidad de las personas trabajadoras que están en la primera fila de la emergencia, debe de excluirse a los trabajadores de la CCSS, y las fuerzas policiales, es una mala idea bajarles el salario a los soldados en medio de la guerra”, dijo.
Todas esas propuestas, sin embargo, fueron rechazadas.
El expediente podría votarse la próxima semana.