El jefe de despacho del presidente Rodrigo Chaves, Gabriel Aguilar, guardó silencio ante los diputados sobre los puntos clave en las denuncias que días atrás hizo la expresidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Gloriana López, en contra suya y del Gobierno.
Aguilar, quien también ejerció como asesor del mandatario, aseguró a los diputados de la Comisión de Derechos Humanos que venía “listo para declarar y aportar prueba documental” sobre el caso, pero que la denuncia penal que el empresario Leonel Baruch presentó en su contra le aplicó “una mordaza” y, por eso, no podía dar mayores declaraciones al órgano.
“¿Qué es lo que busca esa denuncia? Ponerme una mordaza con el fin de que no pueda venir a referirme ampliamente como lo pretendía, con prueba y documentos, a los aspectos que narró doña Gloriana (López).
“Es una acción intimidatoria y persuasiva, él pretende que yo no venga a declarar, dejar un tufo en el ambiente de que aquí hubo algo ilegal, que aquí no queremos venir a hablar, pero con su acción de judicializarlo lo que hace es impedir venir a decir las cosas como son”, afirmó Aguilar.
Sin embargo, aceptó que no se le ha notificado de esa denuncia.
El abogado fue señalado por la expresidenta del PANI por acercarse a él, por orden del presidente Chaves, para pedirle un “especial cuidado” en el caso que el Patronato llevaba sobre la custodia de los hijos de Baruch y su esposa, Yafit Ohana.
Aguilar negó que esa solicitud viniera del Presidente y cuando se le preguntó quién se lo ordenó, se abstuvo de declarar.
No obstante, ahí empezaron una serie de contradicciones en su declaración.
Dudas
Conforma avanzó la discusión, el asesor empezó a dar luces sobre esas denuncias y las seis reuniones que Ohana tuvo en Casa Presidencial el año anterior.
Por ejemplo, dijo que esa comunicación con López Fuscaldo fue una decisión suya y que no vino de nadie y que lo hizo “por su absoluta preocupación de que la institución encargada de velar por los derechos y garantías de los menores de edad tenga ese atraso”.
Sin embargo, minutos antes había dicho que esos atrasos no son responsabilidad suya ni del Gobierno y que él nada tiene que ver con esa materia.
“¿Por qué llamarla por un caso si hay casi 80 mil sin atender?”, le cuestionó la liberacionista Andrea Álvarez.
“Puedo tener iniciativa propia en esa y otras más. Pero como lo indiqué por esa denuncia hostil, agresiva y violenta, no voy a referirme. Lo que puedo decir es que no cometí ningún acto ilegal”, expresó nuevamente.
También dijo no recordar cómo fue el contacto entre Presidencia con Yafit Ohana ni cuándo se llevaron a cabo esas reuniones o con quiénes.
Más tarde, sin embargo, indicó que la primera reunión se hizo por un contacto de Ohana vía correo electrónico para tratar temas de Hacienda Digital y VIH.
“¿Es habitual que una persona se reúna seis veces en Casa Presidencial sin tener ningún cargo ni responsabilidad pública?”, cuestionó Alejandra Larios (PLN).
“Me abstengo de declarar dada la denuncia hostil y violenta del señor Leonel Baruch”.
Aguilar también se negó a declarar sobre elementos básicos, como por qué cinco de esas seis reuniones no tienen hora de salida en las bitácoras de Casa Presidencial o si existen o no minutas de esas reuniones.
Dijo, además, que con la información de esas reuniones, que calificó de valiosa, no se ha tomado ninguna decisión en políticas públicas porque el tema, ocho meses después, aún está en análisis.
Tampoco aclaró por qué, si esa orden de llamar al PANI no vino del Presidente, diputados del oficialismo, como Pilar Cisneros, celebraron la actitud de Chaves de, supuestamente, presentar esa solicitud en defensa de la niñez costarricense.
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