Las advertencias realizadas por la auditoría interna del Consejo Nacional de Vialidad no surtieron ningún efecto en detener o limitar los supuestos hechos de corrupción investigados en el escándalo “Cochinilla”.
Así lo dio a entender esta mañana el auditor de Conavi, Reynaldo Vargas, ante los diputados que investigan el caso de corrupción en obra pública.
Igual que en la comparecencia anterior con Lanamme, Vargas presentó a los diputados una serie de alertas que en los últimos años presentaron a la administración por irregularidades en procesos de contratación o ejecución, específicamente 14 procesos internos y cuatro denuncias penales que, de momento, no han surtido ningún efecto.
Dentro de los primeros, destacan 13 casos por obstrucción de los procesos de auditoría y la negativa a facilitar información, la gran mayoría por parte de la Gerencia de Conservación Vial.
En ese punto, Vargas mencionó a los exgerentes de Adquisiciones y Finanzas, Carlos Solís, y el exgerente de la dirección de Contratación, Johnny Barth.
De este último, además, aseguró que incluso llegó a recibir amenazas.
Vargas no quiso precisar detalles sobre las denuncias presentadas pues aseguró que se trata de causas abiertas; sin embargo, sí dijo que en el caso de los procesos penales responden al uso mala calidad de materiales, pago indebido de materiales, mala demarcación y el pago de un asfalto que nunca se colocó.
Añadió que presentó numerosas advertencias a los ministros de turno sin que los procesos avanzaran, o por lo menos no que él supiera.
También aseguró que desde 2011 advirtió que la presencia de Tobías Arce en las instalaciones de Conavi era indebida pues él no trabajaba para la institución.
“Noté que esa persona pasaba más de 8 horas en el Conavi, hicimos la advertencia de que ingresaran a las instalaciones solo personas con carné, tratamos de convencer a los directores del momento de que no era bueno que una alguien así pasara tanto tiempo en la institución, pero cuando tratamos de minimizar ese ingreso tuvimos cierta aversión a esas solicitudes.
“Detectamos que él ni siquiera se estaba registrando. No sé quién autorizaba ese ingreso pero sí es claro que ya él era conocido por todos”, dijo.
Arce es investigado penalmente por aparentemente haber sido el enlace de las constructoras señaladas con los funcionarios públicos investigados. En el expediente judicial se resalta su cercanía con Carlos Solís.
Los diputados cuestionaron el escaso efecto que la auditoría de la institución más señalada dentro del escándalo tuvo en detectar y frenar los actos irregulares que hoy se investigan, pero Vargas insistió en que hay limitaciones de procedimiento y probatorias que complican la labor de su despacho.
Finalmente, el funcionario aseguró que él nunca asistió a ninguna fiesta de la institución y que sí recuerda que entre 2017 y 2018 advirtió de una fiesta que se quería hacer con fondos públicos y que finalmente se canceló; sin embargo, acepta que hubo otras con financiamiento externo que, sin embargo, nunca fueron denuncias ante la auditoría.
La comisión investigadora acordó por unanimidad llamar a comparecer al exgerente Carlos Solís para una audiencia futura.