POR Juan José Herrera | 27 de diciembre de 2021, 12:14 PM

El acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1.778 millones cierra el 2021 con panorama incierto.

De los ocho proyectos de ley que se le prometieron al organismo multilateral para mediados de año, la Asamblea Legislativa no ha aprobado ninguno.

La agenda legislativa corre tan atrás en ese objetivo que de todas las iniciativas la única que se votó en primer debate fue la reñida reforma al empleo público, que regresó a la Sala Constitucional para un segundo examen y que podría, en el más optimista de los escenarios, convertirse en ley para finales de enero.

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Luego de esto no hay mayores avances.

El proyecto de reducción de beneficios fiscales, que incluye la polémica eliminación de la exoneración de la renta para el salario escolar, fue archivado por los diputados y ahora el Ejecutivo insiste con un texto nuevo.

El impuesto a las casas de lujo ya salió de comisión pero es una discusión a la que el Plenario rehúye, a sabiendas del nulo respaldo que existe en fracciones mayoritarias como Liberación Nacional, el PUSC o Restauración Nacional.

Los restantes están sumidos en discusiones dentro de los diferentes órganos legislativos, o bien, varados del todo.

¿Se sostiene el acuerdo sin estos?

El Fondo Monetario Internacional realiza revisiones semestrales de los avances de los acuerdos prometidos a sus beneficiarios.

En este caso, Costa Rica pasó ese primer examen en octubre anterior apoyado en una “sólida recuperación económica” y el cumplimiento “holgado” de las metas propuestas en términos de ingreso y gasto.

El Ministerio de Hacienda y el Banco Central coincidieron en que la mejora sustancial en la recaudación y la aplicación de la regla fiscal ayudaron en ese propósito, lo mismo que el agresivo proceso de recambio de deuda que el Ejecutivo ha llevado a cabo en los últimos meses con la venia del Congreso.

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La Comisión de Asuntos Jurídicos le asestó el primer golpe a la agenda de proyectos negociada con el FMI, en medio del acuerdo de financiamiento por $1.778 millones.

Precisamente el acuerdo con el FMI funciona en esos dos sentidos: contención del gasto y mejora en la recaudación.

El primer punto, según el ministro Elian Villegas, avanza bien, el segundo es donde entran a jugar los proyectos de impuestos, ahí es donde no hay progreso.

Villegas aclaró a este medio en octubre pasado que el acuerdo de financiamiento podría sostenerse con al menos cinco de esos ocho proyectos, incluyendo iniciativas como la reforma al empleo público, casas de lujo o esa reducción de beneficios fiscales, propuestas que dijo esperaban caminaran “con relativa facilidad”. Se equivocó.

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El ministro Elian Villegas asegura que ese “ok” del organismo multilateral puede llegar con solo demostrar avances en esas cuestionadas iniciativas de ley.

El jerarca explicó que más allá de un número de aprobaciones, la clave estaba en analizar cuánto ingreso generaban las que sí se convirtieran en ley, hoy ese ingreso es cero.

El FMI había sido tajante en enero pasado en que un incumplimiento de las metas propuestas significaba el finiquito inmediato del acuerdo; sin embargo, hasta ahora se ha mostrado flexible.

Villegas ya anunció que el organismo dio dos meses más de gracia al país para aprobar esa atrasada agenda de proyectos y que la nueva revisión llegará luego de las elecciones presidenciales para así respetar el proceso electoral.

De esa revisión dependerá el segundo desembolso de $293 millones que el Gobierno espera utilizar en su propósito de estabilidad fiscal. Ahí también se analizará, entonces, si el acuerdo tiene futuro o no.

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