30 ciudadanos naturalizados costarricenses tienen juicios pendientes en Estados Unidos por diferentes causas, según dijo la mañana de este lunes el ministro de Seguridad, Mario Zamora.
Lo hizo en audiencia ante la comisión especial que investiga la reforma constitucional para permitir la extradición de ciudadanos requeridos por crímenes vinculados al narcotráfico o el crimen organizado.
“Nuestra comunicación con contrapartes de inteligencia a nivel internacional nos ha permitido identificar 30 personas con nacionalidad colombiana principalmente y venezolanos, que tienen juicios pendientes en EE. UU. y que, al tener la nacionalidad costarricense, no han podido enfrentar la justicia”, aseguró el jerarca.
Zamora insistió en que ese es el mejor ejemplo para demostrar la valía de la reforma planteada por la fracción oficialista y que respalda el gobierno de Rodrigo Chaves.
Dijo, además, que la tesis suya y de las autoridades de Seguridad es que el incremento en la violencia con la que se cometen homicidios en el país es reflejo de la presencia de extranjeros en el país.
“Cuando estudiamos la forma en que se trasladó a Costa Rica la figura del sicariato y las formas de ejecutar el homicidio, que son formas absolutamente lesivas a los derechos humanos, el cuerpo de las personas es destrozado para dar un mensaje a terceros…
“Cuando observamos en qué momento las bandas costarricenses empezaron a adoptar estos patrones homicidas, es cuando notamos esa relación trasnacional entre las bandas locales y esa alta delincuencia que viene de afuera”, aseguró.
“Tenemos la hipótesis de que muchos de estos sujetos radicados en Costa Rica fueron el ente transmisor de patrones homicidas que hoy lamentamos y vemos todos los días en los periódicos”, añadió.
Zamora también precisó que hay una lista de ciudadanos costarricenses “plenamente identificados” en Limón que son requeridos por autoridades de Países Bajos por su participación en grupos dedicados a la exportación de droga desde Costa Rica.
Afirmó, sin embargo, que la mayoría de casos donde ciudadanos son requeridos por otros países no se conocen, pues estos países saben que la legislación costarricense impiden la extradición, por lo que ni siquiera presentan las causas.