20 diputados de cuatro fracciones legislativas presentaron este miércoles una denuncia contra el presidente Rodrigo Chaves por el presunto delito de instigación pública.
El documento, que recoge firmas de Liberación Nacional, Frente Amplio, Liberal Progresista y la Unidad Social Cristiana, además de las independientes Gloria Navas y María Marta Padilla, fue dirigido al fiscal general, Carlo Díaz.
En este se detalla una relación de hechos luego de la conferencia de prensa que el mandatario, junto a su gabinete, ofrecieron el pasado 25 de setiembre, dos días después de los allanamientos y detenciones que dieron pie al caso “Barrenador”.
“En una conferencia de prensa realizada el 25 de setiembre de 2024, el presidente Chaves, acompañado por sus ministros y diputados de su fracción, emitió una serie de afirmaciones que intentan socavar la independencia del Poder Judicial, la Fiscalía General y la Policía Judicial.
“Las declaraciones realizadas, lejos de ser meras opiniones, suponen un acto directo de injerencia en las funciones judiciales y fiscales del país, violando principios fundamentales consagrados en la Constitución Política”, precisó el despacho del liberacionista Francisco Nicolás, primer firmante de la denuncia.
En la relación de hechos, de la que este medio tiene copia, se pide a la Fiscalía analizar si las manifestaciones de Chaves en esa conferencia, donde entre otras censuró el actuar del Ministerio Público y calificó como “un show” la detención de la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, configuran violaciones a la Constitución Política y el Código Penal.
Por ejemplo, se cuestiona si las palabras de Chaves podrían, según el artículo 280 del Código Penal, calificarse como "instigación pública, propaganda contra el orden constitucional y resistencia a la acción de las autoridades".
Además, dice Nicolás, sugieren la posibilidad de desestabilización social y atentan contra la independencia de poderes.
“Nos preocupan las manifestaciones y actuaciones del señor Chaves Robles que podrían configuran delitos penales y la afectación a la independencia de poderes, con la posible finalidad de debilitar nuestro sistema democrático, republicano e institucional.
“Señalamos incluso, que los observadores presentes, todos funcionarios públicos, que acompañaron al señor Chaves Robles, no son simples testigos de los hechos, sino eventuales partícipes por comisión por omisión”, dice esa relación de hechos.