POR Teletica.com Redacción | 25 de enero de 2018, 3:56 AM

El presidente Luis Guillermo Solís firmó la ley de Incentivos y Promoción del Transporte Eléctrico, que busca que la población adquiera estos vehículos a partir de una serie de beneficios que no tienen los carros que utilizan combustibles fósiles.

También la ley está dirigida a los fabricantes de vehículos e importadores de repuestos.

La ley establece incentivos de carácter económico, facilidades de uso en la circulación y acceso al crédito, entre otros aspectos, para promover el uso del transporte eléctrico.

Los principales beneficios de la Ley para los usuarios y productores de vehículos eléctricos son: exoneración según valor del vehículo (impuesto general sobre las ventas, el impuesto selectivo de consumo y el impuesto sobre el valor aduanero) y exoneración de los repuestos de los vehículos eléctricos.

También establece exoneración del equipo para el ensamblaje y la producción de vehículos eléctricos; exoneración del impuesto a la propiedad para los vehículos eléctricos; no están sujetos a la restricción vehicular; exoneración del pago de parquímetros y el uso de parqueos azules para vehículos de transporte eléctrico.

La aplicación de la Ley de Promoción al Transporte Eléctrico, impulsada por los diputados Marcela Guerrero y Franklin Corella, apunta a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que produce el uso de los combustibles fósiles como el diésel y la gasolina. 

Según la Agencia Internacional de Energía (2017) la electricidad de Costa Rica contiene 72 veces menos emisiones de CO2 que el promedio mundial. 

"Por ende, cada litro de combustible fósil importado que se sustituya por un kilovatio proveniente de energía renovable y nacional, beneficia el ambiente, la salud pública y la economía del país", informó Casa Presidencia en un comunicado.

El país cuenta hoy con alrededor de 20 estaciones de recarga y 41 más serán instaladas durante el 2018. 

De forma paralela se trabaja con Inteco en la creación de normativa técnica para el desarrollo de la infraestructura de recarga pública.

La ley también establece las competencias institucionales de las entidades del Estado vinculantes con la iniciativa. En esta ley están involucrados el MOPT, el Miane, el Ministerio de Hacienda y el INA. 

La regulación de los detalles de esta ley se establecerán vía reglamento, las entidades competentes en la materia ya trabajan en su planteamiento.