Lujoso resort propiedad del millonario Carlos Pellas cierra sus operaciones por crisis en Nicaragua

Mukul Auberge Resorts Collection, lujoso complejo hotelero y de condominios ubicado en Rivas y propiedad del millonario Carlos Pellas, anunció el cierre de sus operaciones por la severa crisis que vive Nicaragua y que se ha saldado con un saldo de más de 210 muertos.

El anuncio lo hizo Mukul en un comunicado en el que justifica la decisión en virtud de la cancelación de todas las reservaciones y a la ausencia de turistas producto del entorno del país.

"Desafortunadamente, la trágica situación que estamos viviendo, además de embargarnos de luto y dolor, ha deteriorado significativamente la marca país Nicaragua, lo que ha repercutido en la industria turística, que se encuentra prácticamente paralizada. 

"Mukul, Auberge Resorts Collection no es una excepción. Los huéspedes han abandonado el resort y las cancelaciones se multiplican, al extremo que en los últimos días no hemos tenido un solo visitante”, explicó el texto.

La decisión no solo dejará sin trabajo a decenas de personas que laboraban en el lugar, sino también a quienes indirectamente se beneficiaban como proveedores, operadores turísticos y los lugareños que vendían sus artesanías.

El complejo comenzó a ser construido en el 2010 con una inversión de $250 millones y no solo constaba del hotel, sino también de condominios y hasta un aeropuerto.

El lugar se convirtió rápidamente en un referente local y regional entre el turismo de alto nivel adquisitivo y una fuerte competencia para los resorts costarricenses ubicados en Guanacaste.

En el comunicado, la administración califica el cese de operaciones como una de las medidas “más difíciles y penosa de nuestra historia”.

“Esta decisión nos causa profunda tristeza, no solo porque vemos desmoronarse en pocas semanas lo que por años habíamos construido con tanto esfuerzo y entusiasmo, sino principalmente porque estamos conscientes del enorme sufrimiento que esta decisión le causará a nuestros colaboradores y a sus familias”, acotó el comunicado.

Algo similar viven los empresarios turísticos de Granada, que pegaron el grito al cielo porque la ciudad se quedó sin turistas desde hace varias semanas, en especial cuando se reportaron saqueos y quemas de viviendas.

Actual panorama

La represión de fuerzas del gobierno de Nicaragua contra protestas opositoras recrudeció este fin semana en vísperas de la reanudación de un diálogo que busca poner fin a la violencia que deja unos 200 muertos en poco más de dos meses.

El gobierno de Daniel Ortega y a la Asociación Cívica por la Justicia y la Democracia -de la sociedad civil- fueron citados para el lunes a las 10 a.m. por la Iglesia, mediadora del proceso, para discutir la propuesta de adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019.

En la misa dominical en la catedral de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes manifestó en su homilía que el papa Francisco está "muy preocupado" y "pendiente" de la situación de Nicaragua.

"Él está muy interesado en que el diálogo siga adelante porque solamente a través del diálogo se pueden solucionar los problemas", subrayó Brenes, quien participa directamente en las conversaciones.

La reunión, cuya sede será el seminario interdiocesano en Managua, se realizará tras la violenta jornada de ataques de fuerzas policiales, parapoliciales y paramilitares contra barrios de la capital y de otras ciudades, que dejaron ocho muertos.

Entre las víctimas están un bebé de un año, un adolescente de 17 y dos jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), donde decenas de estudiantes están atrincherados.

Como parte del proceso de diálogo, este domingo llegarían a Managua técnicos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el martes funcionarios del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Derechos Humanos, a fin de indagar sobre los hechos de violencia.

- Elecciones en agenda -

Las protestas comenzaron el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social, pero se ampliaron para demandar justicia y la salida del poder de Ortega, a quien acusan de instaurar, con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo un gobierno autocrático.

"Es imprescindible (...) que (el gobierno) nos comunique oficial y formalmente su aceptación a la propuesta que, recogiendo los sentimientos de la inmensa mayoría de los nicaragüenses, le presentamos el 7 de junio", subrayaron los obispos en un comunicado.

Ortega, un exguerrillero de 72 años que gobierna por tercer periodo consecutivo desde 2007, no ha respondido a la demanda, pero se dijo dispuesto a trabajar por la democratización del país.

Las pláticas fueron suspendidas tres veces, la última hace una semana porque el gobierno no había invitado a los organismos internacionales para verificar la situación de derechos humanos. Tres días después accedió.

El sociólogo Oscar René Vargas consideró que la represión el sábado fue una reacción al informe que dio el viernes la CIDH al Consejo Permanente de la OEA, que consigna 212 muertos, 1.300 heridos y más de 500 detenidos en los dos meses de "represión".

"Cree (Ortega) que tiene chance de crear una nueva correlación de fuerzas" antes de que lleguen organismos internacionales humanitarios y se reanude el diálogo, según Vargas.

El gobierno rechaza los señalamientos de uso excesivo de la fuerza contra las propuestas y de violación de derechos humanos.

En la sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), el canciller Denis Moncada tildó al informe de la CIDH de "subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado".

- "¡Que bajen las armas!" -

El cardenal Brenes había pedido el sábado al gobierno y a los grupos armados legales e ilegales "que no apunten el arma para quitarle la vida a un hermano".

"Hago un llamado a que se bajen las armas, que puedan desaparecer, que en esas armas no exista ninguna bala" para "matar a un hermano", clamó en la homilía.

Varios gobiernos y organizaciones han condenado las acciones de las fuerzas combinadas del gobierno de Ortega, uno de los comandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que lideró la insurrección popular para derrocar al dictador Anastasio Somoza en 1979. 

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó las muertes y pidió el "cese inmediato de toda forma de violencia y represión".

Con información de la agencia AFP