Atraso de Aresep para regular energías limpias deja pérdidas millonarias en ese sector

Periodista: Luis Zamora

La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) tiene un atraso de tres meses en la entrega para definir las metodologías y fijaciones tarifarias necesarias para que la Ley de promoción y regulación de los recursos energéticos distribuidos a partir de fuentes renovables, firmada en enero de 2022, entre en operación.

Esta demora ha generado pérdidas de hasta ₡1.500 millones en el mercado que se dedica a la venta de renovables, así se constata cuando se comparan las cifras del primer trimestre de 2023 con el mismo periodo del año anterior.

La Cámara de Generación Distribuida (CGD) realizó a través de sus redes sociales un llamado a la Aresep para que avance con el cumplimiento de las obligaciones que se le atribuyeron y que así la Ley pueda entrar en vigor a favor de las personas consumidoras y del esfuerzo nacional en pro de la sostenibilidad.

Esta situación interfiere con el cuarto objetivo del Plan Nacional de Descarbonización, que pretende consolidar un sistema eléctrico nacional capaz de abastecer y de gestionar la energía renovable a un costo competitivo para los usuarios. Una de las metas del Plan para 2030 es que la matriz eléctrica del país opere al 100% con energías renovables.

William Villalobos, director ejecutivo de la CGD, comentó a través de un video publicado en las redes sociales de la Cámara que ven “con suma preocupación que la Aresep no haya sido proactiva y diligente para lograr tener en tiempo estas metodologías”.

Teletica.com le consultó al departamento de prensa de Aresep sobre esta situación, y el mismo confirmó que, tras más de un año, todavía se encuentra en proceso de elaboración de las metodologías y de las fijaciones tarifarias, las cuales después deben ser aprobadas por la junta directiva.

Cabe aclarar que Aresep contaba con un plazo original de 12 meses para entregar la metodología, pero ese período venció hace ya tres meses, por lo que el sector de renovables lleva ya 15 meses sin contar con la metodología necesaria.

Asimismo, la entidad aseguró que espera que este proceso finalice durante el primer semestre del año, aunque no brindó mayores detalles sobre cómo trabaja para agilizar su desarrollo. 

“Por supuesto que estamos de acuerdo en la generación de este tipo de energía, así como una compra responsable y la obligación a las empresas para desarrollar estos procesos”, comentó Carolina Mora, encargada de comunicación de Aresep.

Alberto Rodríguez, coordinador del comité de seguridad técnica del CDG y CEO de la empresa GoSolar, una de las principales de la industria en el país, argumenta que, al no contar con un marco jurídico completo, los consumidores están limitados a sistemas que no inyecten energía a la red, por lo que no están aprovechando los beneficios que la misma ley otorga.

Además, destaca que esta situación genera incertidumbre en el mercado y dificulta la labor de las distribuidoras y de las empresas solares, las cuales no pueden planificar sus proyectos adecuadamente al “no tener claras las reglas del juego”.

“Debido a esto, el mercado se ha visto expuestos a la perdida de cientos de clientes que no pueden instalar sistemas con envío de excedentes a la red…Esto implica pérdidas en las ventas de las empresas, así como también en las posibilidades de ahorros de los clientes”, aseguró Rodríguez.

Al no habilitar estas tarifas, únicamente se permite ofrecer sistemas de autoconsumo estricto, que son más pequeños, generan menos ahorros y reducen las oportunidades de los clientes para economizar el servicio.

“Realmente nadie sale favorecido de este impase legislativo, todos perdemos, particularmente la empresa privada y los consumidores finales”, defiende Rodríguez.

Según destacan Rodríguez y Villalobos, esta Ley es “neurálgica” para Costa Rica, pues permite incorporar una fuente de generación históricamente desaprovechada que mostraba un crecimiento favorable y que, a la vez, hace más resiliente la matriz energética del país.

Aresep responde

Ante la consulta de este medio por el atraso, Daniel Fernández, director del Centro de Desarrollo de la Regulación de Aresep respondió indicando que, “desde un inicio, el plazo de 12 meses nos pareció corto” y atribuye el tiempo de espera al hecho de que esta regulación va de la mano con una audiencia pública, por lo que depende de un proceso de participación ciudadana.

Otro aspecto importante que destacó es que el anterior reglamento debió estar aprobado en julio de 2022, pero no se finiquitó hasta febrero de 2023 y, por lo tanto, explicó Fernández, no se podía avanzar con el proceso sin contar con el documento para conocer cómo podía afectar a las regulaciones en desarrollo.

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